En agosto de 2008, un juez en Quito, Ecuador, dictó una orden de prisión preventiva contra el empresario Mauricio Pinto, padre de la actual vicepresidenta María José Pinto, por un supuesto delito tributario relacionado con la empresa de aviación Club Vuelos Privados Vip. La vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa citan este hecho como el inicio de la persecución familiar que atribuyen al gobierno del expresidente Rafael Correa.

María José Pinto: ¿persecución familiar?

En 2008, Rafael Correa, quien llevaba año y medio en la presidencia, enfrentó las críticas de Mauricio Pinto, exministro de Economía. Un tribunal de Quito, en ese contexto, ordenó la prisión preventiva del empresario. La razón oficial de esta medida fue un presunto delito tributario. Pinto, entonces representante de la empresa de aviación Club Vuelos Privados Vip, había tramitado en 1997 el internamiento temporal de dos aviones para uso privado, transfiriéndolos después a vuelos comerciales. El fiscal Wladimir Jaya solicitó la prisión, y el juez penal de Quito, David Altamirano, acogió la petición. En aquel momento, María José Pinto tenía 22 años.

Los dos aviones en cuestión poseían un permiso de la Dirección de Aviación Civil (DAC) para vuelos privados nacionales e internacionales. Sin embargo, las aeronaves habrían sido utilizadas en viajes comerciales, según el fiscal. Adicionalmente, los aviones estaban sometidos a un proceso de “reexportación” ordenado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana. El fiscal Jaya argumentó que esta acción no eximía de responsabilidades a Pinto y a otros involucrados en el caso.

La defensa y las acusaciones de persecución

En ese momento, Jorge Zavala Egas, abogado de Mauricio Pinto, manifestó que la Fiscalía abrió la investigación contra su defendido de manera “ultra secreta”, ya que no le notificaron. Zavala Egas denunció una “persecución política” contra Pinto. Además, se solicitaba la prisión sin haberse iniciado los trámites procesales previos, lo que impedía a Pinto ejercer su derecho a la defensa. Se difundió que el proceso, en realidad, buscaba intimidar al empresario debido a sus críticas al gobierno. Esta situación generó un fuerte debate público sobre la transparencia judicial.

Meses antes de la orden de prisión, el Ministerio de Trabajo también había denunciado a Pinto por el despido de 102 personas de la fábrica textil de su propiedad. El Ministerio impuso una multa de USD 400.000 a la empresa. La razón de la denuncia fue no acoger el mandato constitucional que establecía la estabilidad laboral de trabajadores subcontratados.

El empresario criticó el mandato de la Asamblea Constituyente, que eliminó la tercerización o subcontratación laboral. Esta normativa también ordenaba a las empresas mantener en sus puestos de trabajo al personal contratado bajo esa modalidad. La empresa de Pinto decidió terminar la relación con el personal que no estaba en nómina, argumentando que «eran contratos a término».

Revocación de la orden y antecedentes de Pinto

La orden de prisión contra Mauricio Pinto fue revocada un mes después de su emisión. Este desenlace marcó un punto importante en el caso, permitiendo al empresario continuar con sus actividades. Es relevante destacar que Mauricio Pinto cuenta con una trayectoria política y económica significativa en Ecuador. Él fue ministro de Industrias, de Economía, representante ante la Junta Monetaria y presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Su experiencia en el sector público y privado lo posicionó como una figura influyente en el país.

El actual presidente Daniel Noboa mencionó en su discurso de posesión el 24 de mayo que comparte con la vicepresidenta María José Pinto el hecho de que sus respectivas familias fueron perseguidas por el gobierno del expresidente Rafael Correa. Esta declaración revive el debate sobre los acontecimientos de 2008 y su impacto en la trayectoria política de la familia Pinto, sirviendo como un punto de conexión en el discurso político actual del gobierno. La relación entre estos eventos pasados y las declaraciones actuales destaca la persistencia de ciertas narrativas políticas a lo largo del tiempo.