El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de jueces y fiscales para garantizar una adecuada administración de justicia.
Según el marco legal, todos los ciudadanos, por igual, deben gozar de la protección del Estado.
El Presidente de la República dijo el año pasado que las instituciones estatales deben trabajar juntas “para defender a los ciudadanos y que así puedan tener una vida digna, con tranquilidad y paz”.
En el contexto de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, es fundamental que los jueces y fiscales tengan seguridad, y para ello el mismo Estado debe tomar las medidas que correspondan.
“Jueces y fiscales desprotegidos difícilmente podrán sancionar según la ley”.
Se deben reformar las disposiciones por las que quienes cumplen estas funciones deben hacer una solicitud y demostrar que están bajo amenaza para que se les brinde protección.
El trabajo de estos profesionales, en la investigación y la sanción de hechos delictivos, demanda una preocupación mayor de los entes públicos. Si no se sienten protegidos, difícilmente podrán aplicar las penas y sanciones que contemplan las leyes.
Es justa y fundamental una reacción de las autoridades. Este año han asesinado a tres fiscales en el país, incluso a uno de ellos cerca de su lugar de trabajo.
Editorial de El Diario publicado este viernes 23 de septiembre del 2022 en nuestra edición impresa.
