Las empresas públicas de agua potable deben mejorar su eficiencia, tanto en el aspecto financiero como en la calidad del servicio, para evitar su excesiva dependencia del Gobierno central y de los municipios.
La provisión de agua para consumo humano es competencia municipal, según estipulan la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y se maneja, en la mayoría de los casos, a través de empresas públicas, aparentemente autónomas.
En las actuales condiciones, el suministro de agua potable es un servicio que, no obstante ser monopólico, no rinde los resultados que se esperan. El descontrolado robo de agua, la recaudación deficiente, las fallas en la medición, la burocratización y la falta de preparación del personal contribuyen a la ineficiencia con la que, es sabido, se manejan los intereses del Estado, aunque esto no ocurre en todas estas empresas.
“El servicio de agua potable es un monopolio ineficiente”.
El manejo deficiente conlleva a la falta de recursos y al permanente auxilio de los municipios y del Gobierno central, pues se destinan fondos que bien pueden usarse en otras necesidades.
Es hora de que se trace un plan para conducir a las empresas de agua potable hacia obligados parámetros de eficiencia. El Estado no tiene por qué mantener negocios mal manejados.
Editorial de El Diario publicado este jueves 19 de agosto del 2021 en nuestra edición impresa.
