El ataque de encapuchados al Comando Policial de Otavalo en Imbabura debe ser sancionado con fuerza. Destruir bienes públicos y sembrar violencia no es protesta, es delito. El Estado tiene la obligación de proteger a la población y garantizar que estos hechos no queden en la impunidad.
Sin embargo, preocupa que en paralelo también se registran detenciones de ciudadanos que protestan pacíficamente. Esa práctica vulnera derechos fundamentales.
Ecuador ya vivió días en que un gobierno sancionó la discrepancia política y la movilización fue tratada como subversión, criminalizando a líderes sociales y ciudadanos por ejercer oposición. Esa práctica dañó la democracia y no puede repetirse. El aprendizaje debe ser claro: sancionar con rigor el delito, pero respetar sin excepciones la protesta legítima.
Los ciudadanos son los mandantes, no deben ser perseguidos por el Estado. Incluso cuando son minoría deben ser escuchados, no necesariamente atendidos, pero siempre oídos. Las instituciones y los funcionarios públicos son sus servidores, no sus opresores.
Castigar lo ilegal, la violencia y el terrorismo real, si se presenta, es necesario; abusar del poder y perseguir a un ciudadano que ejerce su derecho es inaceptable.
