La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes del país y una amenaza directa contra la estabilidad económica y la seguridad ciudadana. Manabí está entre las provincias más afectadas, donde las bandas criminales utilizan este mecanismo para obtener dinero fácil, dejando a su paso miedo, ruina y muerte.

Según cifras oficiales, en 2024 se registraron 568 homicidios en la provincia, de los cuales uno de cada cuatro estuvo relacionado con extorsiones o ajustes de cuentas. Este vínculo evidencia la gravedad del problema y la urgencia de enfrentarlo con medidas efectivas y sostenidas.

Hay que decir que el silencio agrava la situación. La mayoría de las víctimas no denuncia, en parte por temor a represalias, pero también por desconfianza hacia la Policía. Las denuncias sobre la participación de uniformados en delitos han deteriorado la imagen institucional y debilitado la relación con la ciudadanía.

Para restablecer la confianza, la Policía debe demostrar con resultados concretos que está del lado de la gente, garantizando confidencialidad, protección y justicia.

La extorsión, o “vacuna” parece haberse normalizado. Se requiere una respuesta firme del Estado, pero también el compromiso ciudadano de denunciar.