Las recientes sanciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, y la asambleísta Patricia Núñez, evidencian la urgencia de reformar el Código de la Democracia.
Ambos fueron multados por supuestamente “incentivar al voto” durante las últimas elecciones presidenciales. Esta interpretación rígida de la norma afecta directamente a la libertad de expresión, un derecho fundamental en democracia.
Resulta lógico que se sancione el uso de recursos públicos en campañas o la coacción a los electores, pero no las manifestaciones de respaldo político expresadas en redes sociales o en declaraciones públicas. Quien ocupa un cargo de representación debe tener, además, la potestad de señalar qué opciones considera más convenientes para sus electores.
Convertir en infracción un simple pronunciamiento de apoyo a una candidatura desnaturaliza la esencia del debate democrático. La política se nutre del contraste de ideas y de la posibilidad de expresar abiertamente las preferencias.
El Legislativo debe atender estas incongruencias. La reforma al Código de la Democracia es indispensable para evitar que interpretaciones desmedidas restrinjan derechos y silencien voces que deberían ser escuchadas en el espacio público.
