El acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece que hasta diciembre de 2026 debe completarse un estudio actuarial del IESS, en medio de alertas sobre su sostenibilidad financiera.

Lo que pide el FMI sobre el IESS

El futuro del sistema de pensiones ecuatoriano entra en una fase decisiva. Hasta diciembre de 2026 deberá estar listo un estudio actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Es decir, una radiografía financiera del Seguro, que muestra si el sistema puede sostener las pensiones o si necesita cambios urgentes. 

El organismo internacional considera que la seguridad social es uno de los puntos más sensibles del programa económico. Así, el estudio actuarial es la base para cambios estructurales en el sistema de pensiones.  

Las señales son preocupantes. Analistas coinciden en que el IESS enfrenta un desequilibrio profundo entre ingresos y gastos. 

La deuda del Estado con el IESS

El economista Marco Flores, exministro de Finanzas, advierte que "no se puede buscar solo soluciones desde el lado del afiliado", sostiene. También exige revisar el rol del Estado.

Uno de los puntos críticos es la deuda estatal acumulada. Según datos del propio IESS, supera los USD 27.389 millones. De ese monto, cerca de USD 20.000 millones corresponden a capital. El resto son intereses acumulados.

Estas obligaciones provienen del incumplimiento del aporte del 40% a pensiones que hace el Estado y de deudas en salud. A esto se suma la mora patronal, que alcanza USD 2.642 millones.

En total, las obligaciones superan los USD 29.000 millones, lo que agrava la situación financiera del sistema.

Flores considera que trasladar el ajuste a jubilados sería "técnicamente inconsistente y fiscalmente sesgado". Además, advierte que el problema no es solo actuarial. También responde a decisiones económicas y al bajo crecimiento.

Cualquier reforma consistente debe partir del inicio de la normalización de las deudas del Estado y de un cambio sustantivo en el manejo de la política económica, orientado a elevar el crecimiento, reducir el desempleo y la informalidad, para ampliar el empleo adecuado y fortalecer la base contributiva, que es, en definitiva, la que sostiene al IESS, dice Flores.

Un sistema bajo presión estructural

Otros analistas tienen una visión más crítica del sistema. El economista Alberto Dahik dice que incluso si el Estado paga su deuda, el efecto sería temporal. Apenas daría "oxígeno" por alrededor de un año y medio.

El exvicepresidente de Ecuador describe el sistema de seguridad social de Ecuador como una "bomba de tiempo". Dahik advierte que el fondo de pensiones es "insostenible" y podría quedarse sin recursos en pocos años.

En su visión hay un déficit actuarial histórico cercano a USD 130.000 millones. Además, explica que el IESS se pensó para otra realidad. El sistema fue diseñado para un modelo demográfico diferente: alta natalidad y menor esperanza de vida. Hoy, con reducción de la natalidad y mayor longevidad, por eso, Dahik considera que el desbalance es estructural.

Ante esto, plantea reformas estructurales, que reconoce que no son populares, pero dice, son necesarias. Entre ellas, subir la edad de jubilación y aumentar las aportaciones. También propone eliminar privilegios, como calcular la pensión con el promedio de los cinco mejores años de aportación.

Déficit creciente y presión en 2026

El economista Alberto Acosta Burneo detalla el escenario inmediato. Para 2026, el IESS proyecta gastos en pensiones por USD 7.552 millones. Sin embargo, los ingresos por aportes serían de apenas USD 3.437 millones, según Acosta. Esto genera un déficit superior a USD 4.100 millones para este año.

El economista dice que para cubrirlo, el sistema recurre a sus reservas. Se prevé una desinversión de USD 1.407 millones.

Agrega que el problema también es demográfico. Hoy existen apenas dos trabajadores por cada jubilado. Esta relación es clave. Menos aportantes sostienen a más beneficiarios, lo que acelera el deterioro financiero.

De esta forma cualquier reforma al sistema del IESS, implicará decisiones sensibles. Afectará a afiliados, jubilados y al propio Estado.

El desafío será encontrar equilibrio. Ajustar el sistema sin generar un impacto social severo. Pero el tiempo es limitado. El plazo de diciembre de 2026 marca el inicio de una discusión inevitable.