La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó el informe "El fraude alimentario en el sector de la pesca y la acuicultura", en el que advierte que hasta el 20% del pescado comercializado en el mundo podría estar vinculado a prácticas fraudulentas.
El documento, difundido en 2024 desde Roma (Italia), analiza un mercado valorado en 195.000 millones de dólares y detalla cómo estas prácticas afectan a consumidores, ecosistemas y cadenas de suministro.
Un problema extendido en la cadena de suministro
El informe define el fraude alimentario como "una práctica deliberada destinada a engañar a otros". En el sector pesquero y acuícola, las modalidades detectadas incluyen sustitución de especies, etiquetado incorrecto del origen o método de captura, adulteración y falsificación de productos.
Entre los ejemplos documentados se encuentra la venta de tilapia como pargo rojo, el uso de colorantes para que el atún parezca más fresco o la elaboración de imitaciones de gambas con compuestos de almidón. Asimismo, algunos estudios citados indican que hasta el 30% de los productos del mar en restaurantes podrían estar mal etiquetados.
El documento señala que estas irregularidades se han identificado en restaurantes de América Latina, establecimientos en China y en productos de atún enlatado comercializados en la Unión Europea, lo que evidencia la dimensión global del fenómeno, señala una publicación de Noticias ONU.
Impacto económico, sanitario y ambiental
Más allá del perjuicio económico para el consumidor —que paga un precio superior por un producto de menor valor—, el fraude en el pescado puede implicar riesgos para la salud pública. El consumo de especies no aptas para ingesta en crudo o la recongelación indebida favorecen la proliferación bacteriana y posibles intoxicaciones.
En el plano ambiental, la práctica de ocultar el origen real de las capturas puede encubrir pesca ilegal o sobreexplotación de cuotas, afectando la biodiversidad marina y la sostenibilidad de los recursos. La FAO advierte que la falta de trazabilidad dificulta la gestión responsable de las pesquerías.
El incentivo principal es económico. El informe detalla que vender salmón del Atlántico de piscifactoría como salmón del Pacífico salvaje puede generar hasta 10 dólares adicionales por kilo. De igual forma, un róbalo de criadero etiquetado como "local de Italia" puede duplicar o triplicar su precio frente a productos procedentes de otros países. También se ha detectado la práctica de agregar agua para aumentar el peso del pescado.
Medidas y herramientas contra el fraude
Para enfrentar el problema, la FAO recomienda fortalecer los sistemas de trazabilidad y armonizar el etiquetado con nombres científicos de las especies, lo que facilitaría la verificación a lo largo de la cadena comercial.
El informe destaca el uso de técnicas analíticas avanzadas como pruebas de ADN, análisis de isótopos estables y resonancia magnética nuclear para determinar la especie y el origen geográfico de los productos pesqueros.
Un caso citado corresponde a una iniciativa en Los Ángeles (Estados Unidos), donde campañas educativas y controles aleatorios lograron reducir el etiquetado incorrecto en dos tercios durante una década. La FAO, junto con la comisión internacional del Codex Alimentarius Commission, trabaja en estándares internacionales orientados a prevenir, detectar y sancionar estas prácticas.
El informe concluye que la erradicación del fraude requiere coordinación internacional, aplicación de la ley, controles científicos y participación del sector privado, con el objetivo de garantizar la transparencia y la seguridad alimentaria en el comercio mundial de pescado. (10).
