Un tribunal de la ciudad tunecina de Nabeul, en el noreste del país, condenó este viernes a pena de muerte a un hombre por criticar en redes sociales al presidente del país, Kais Saied.
Defensores de Derechos Humanos calificaron la sentencia como un “precedente grave”.
Así se dio la sentencia a muerte
La sala penal del tribunal de primera instancia de Nabeul, presidida por el juez Nader Guidara, condenó a pena de muerte a Saber Chouchane por cargos relacionados con insultos al jefe de Estado, información falsa e intento de cambiar la forma de gobierno.
La acusación fue remitida en un primer momento a un tribunal antiterrorista. Sin embargo, se desestimaron los cargos relacionados con terrorismo y se envió el caso al tribunal de primera instancia de Nabeul, que emitió la pena máxima en su contra.
Voces en contra de la condena
La Comisión para el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos en Túnez (CRLDHT) denunció en un comunicado que con esta condena “el régimen ha alcanzado un nivel sin precedentes de violaciones, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y a un juicio justo”.
Asimismo, denunció que la justicia se encuentra “instrumentalizada” a favor del “régimen”. Resaltó que esta decisión, que representa un “precedente grave” en el país, revela el “estado crítico” en el que se encuentra el sistema judicial en Túnez.
“Instamos a la ciudadanía tunecina e internacional, así como a la sociedad civil, a condenar y luchar contra los excesos de este poder tiránico, por el respeto de los Derechos Humanos y las libertades de los tunecinos como legado de la revolución de 2011, de la cual Kais Saied encarna la contrarrevolución”, aseveró.
La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), denunció desde hace más de tres años una deriva autoritaria de Saied. Además, exigió su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores.
La pena de muerte está vigente en Túnez
Túnez mantiene la pena de muerte en su Código Penal desde la independencia en 1956, aplicada por crímenes como asesinato, terrorismo y traición.
La última ejecución ocurrió en 1991, estableciendo una moratoria de facto con más de 100 condenados en el corredor de la muerte.
En 2015, una ley antiterrorista reforzó su uso para atentados, tras los ataques en Sousse y el Bardo que mataron a 59 personas. El presidente Kais Saied, en 2020, abogó por reanudar ejecuciones para delitos graves, aunque no se ha implementado.
