El Parlamento de Francia aprobó de forma definitiva este miércoles el proyecto de ley que reconoce el acceso a la muerte asistida para personas adultas con enfermedades graves e incurables, culminando un proceso legislativo iniciado en 2024 tras la propuesta impulsada por el presidente Emmanuel Macron. La normativa aún deberá ser revisada por el Consejo Constitucional antes de su entrada en vigor.

La iniciativa fue respaldada en una cuarta votación de la Asamblea Nacional con 291 votos a favor y 241 en contra, después de un amplio debate político y social que se extendió durante varios años.

La nueva legislación permite que el paciente se administre el medicamento destinado a poner fin a su vida. Cuando la persona no tenga capacidad física para hacerlo, la administración podrá ser realizada por un médico o un profesional de enfermería, conforme a las condiciones previstas en la norma.

Requisitos para acceder a la muerte asistida

La ley establece que podrán solicitar este procedimiento únicamente las personas mayores de edad que sean ciudadanas francesas o residan legal y permanentemente en el país.

Además, deberán padecer una enfermedad grave e incurable que comprometa la vida, encontrarse en una fase avanzada o terminal y experimentar un sufrimiento físico que no pueda aliviarse mediante tratamientos o cuidados paliativos.

El solicitante también deberá expresar su decisión de manera libre, informada y con pleno conocimiento, por lo que la normativa excluye a personas que permanezcan en estado de coma o que padezcan enfermedades que les impidan manifestar válidamente su voluntad, como determinados casos de demencia.

Procedimiento y revisión constitucional

La legislación contempla un procedimiento que incluye la evaluación médica de cada solicitud, la obligación de informar al paciente sobre alternativas como los cuidados paliativos, la posibilidad de desistir del proceso en cualquier momento y la consulta con otros profesionales sanitarios durante un plazo de 15 días.

Asimismo, reconoce el derecho a la objeción de conciencia para médicos y personal sanitario. En estos casos, el profesional que rechace participar deberá derivar al paciente a otro facultativo dispuesto a continuar con el procedimiento.

Tras su aprobación parlamentaria, el texto será remitido al Consejo Constitucional, que analizará si algunas de sus disposiciones son compatibles con los principios constitucionales franceses, entre ellas el período mínimo de reflexión de dos días entre la autorización y la realización del procedimiento.

Con esta reforma, Francia se suma al grupo de países que regulan, bajo determinadas condiciones legales, la muerte asistida o la eutanasia, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.