La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos autorizó formalmente al Gobierno de Venezuela a sufragar, mediante fondos estatales, los gastos de representación jurídica del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran actualmente recluidos en territorio estadounidense, donde enfrentan un proceso judicial por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para la introducción de cocaína en el país norteamericano.

La medida fue oficializada a través de un documento firmado por el fiscal Jay Clayton con fecha del 24 de abril de 2026. Dicho informe fue remitido al juez de distrito Alvin K. Hellerstein, quien preside la causa en Nueva York. Según el documento, la OFAC emitió licencias enmendadas que permiten a los abogados defensores recibir honorarios directamente del Estado venezolano, resolviendo así una disputa legal sobre el acceso a recursos para garantizar un juicio justo. Nicolás Maduro ya tiene 113 días en poder de las autoridades de Estados Unidos.

Condiciones para el uso de fondos públicos

La autorización otorgada por las autoridades estadounidenses no es absoluta, ya que el documento establece condiciones estrictas para la ejecución de los pagos. En primer lugar, los fondos autorizados deben provenir de recursos disponibles para el Gobierno de Venezuela con fecha posterior al 5 de marzo de 2026. Además, se especifica de manera taxativa que los pagos no podrán efectuarse mediante los denominados Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

Esta decisión surge tras la insistencia de la defensa de Maduro y Flores, que argumentaba que la prohibición previa de usar fondos nacionales vulneraba sus derechos constitucionales. Inicialmente, Washington se había negado alegando que el uso de dicho capital contravendría las sanciones económicas impuestas a Venezuela. No obstante, tras la emisión de estas licencias, los acusados han optado por retirar las mociones que solicitaban desestimar los cargos por falta de garantías procesales.

Antecedentes y postura del tribunal

El giro en la postura de la fiscalía se produce tras una audiencia celebrada en marzo, donde el juez Alvin Hellerstein cuestionó la negativa de permitir que Venezuela financiara la defensa. El magistrado señaló una aparente contradicción, recordando que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales vigentes con el país sudamericano y destacando que los acusados ya no residen en su nación de origen, lo que obligaba a buscar una solución para su representación legal.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el pasado 3 de enero durante una incursión militar estadounidense en territorio venezolano. Según reportes oficiales, la operación resultó en un enfrentamiento que dejó más de un centenar de fallecidos. Tras su captura, el mandatario y la primera dama fueron trasladados de inmediato a una prisión de alta seguridad en Nueva York, donde se declararon no culpables de todos los cargos imputados.

Contexto de la causa penal en Nueva York

El proceso judicial contra la pareja presidencial venezolana se centra en una presunta estructura de narcotráfico que, según la acusación, buscaba utilizar recursos ilícitos para sostener su administración. La emisión de las licencias por parte de la OFAC permite ahora que el equipo legal de los imputados cuente con los recursos económicos necesarios para enfrentar una etapa probatoria que se anticipa compleja y extensa en los tribunales federales.

La resolución de este conflicto sobre los activos financieros permite que el caso avance hacia el juicio sin las interrupciones causadas por las reclamaciones de indefensión. Los abogados defensores han manifestado que los asuntos subyacentes han sido resueltos, aunque se reservan el derecho de presentar nuevas mociones si surgieran obstáculos similares que impidan la recepción de sus honorarios profesionales en el futuro cercano.