La Corte Constitucional de Colombia confirmó este jueves 4 de septiembre de 2025 la ley que prohíbe corridas de toros, coleo y peleas de gallos. La norma, avalada tras su aprobación en mayo de 2024 por el Congreso y firmada en julio por el presidente Gustavo Petro, establece que la prohibición será efectiva en 2027.
Un cambio cultural en Colombia
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró “ajustada a la Constitución” la norma que busca transformar prácticas culturales. El veto incluye las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. Además, incorpora el coleo, las corralejas y las peleas de gallos como actividades prohibidas.
En un principio, la Corte había informado que las cabalgatas también quedaban incluidas. Sin embargo, tras una corrección oficial, aclaró que estas no hacen parte de la restricción.
La medida contempla un plazo de transición de tres años. Durante este tiempo, el Estado deberá diseñar programas de reconversión económica que ayuden a quienes dependían de estas prácticas.
Contexto y alcance regional
Colombia estaba en la lista de países donde aún eran legales las corridas de toros, junto a España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Con la entrada en vigor de la ley en 2027, pasará al grupo de naciones que han prohibido la tauromaquia.
La norma surge tras décadas de debates y proyectos frustrados en el Congreso colombiano. En años recientes, el respaldo a las corridas disminuyó de forma evidente. Actualmente, solo se realizan en las plazas de Cali y Manizales, así como en algunos pueblos de provincia.
La decisión ha sido calificada como un triunfo histórico para la protección de los animales y la promoción de nuevas formas de entretenimiento cultural sin violencia.
Impacto social y económico
El Gobierno colombiano deberá garantizar alternativas para quienes trabajaban en este sector. Los programas de reconversión se enfocarán en empleos sostenibles y actividades culturales que no involucren maltrato animal.
En ciudades como Manizales, donde la tauromaquia era considerada parte de la identidad cultural, el reto será integrar a los sectores económicos afectados. Entre ellos están ganaderos, comerciantes y promotores de espectáculos.
El presidente Gustavo Petro subrayó en julio de 2024, durante la firma de la ley, que la prioridad del Ejecutivo es proteger la vida en todas sus formas y avanzar hacia una cultura de respeto.
