La imagen captada este martes 6 de enero del 2026 muestra el cierre total de la calle 304 en Manta. Esta es una vía estratégica que comunica la avenida 113 con la avenida 4 de Noviembre. El paso está bloqueado por altas rejas metálicas blancas que rodean un amplio terreno utilizado como estacionamiento para vehículos policiales y particulares. El lugar esta rodeado de concesionarios de autos como Renault, Nissan y Toyota.
La calle permanece asfaltada pero vacía. Las señales de cruce de ciclistas reflejan la cotidianidad de una zona comercial y de alta circulación. Este cierre, implementado en noviembre de 2022, transforma una arteria vial pública en un área privada para la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC). Junto a este también se ubica el Comando Cantonal de Policía, ubicados en este sector.
Cierre fue una acción preventiva ante ola de violencia
La medida se justificó en su momento como una acción preventiva ante la ola de violencia que azotaba Ecuador, específicamente para evitar posibles atentados contra instalaciones policiales. Sin embargo, más de tres años después —y con la violencia no solo persistiendo sino escalando dramáticamente—, el cierre se mantiene indefinido, obligando a los conductores a desviarse por la avenida 4 de Noviembre hasta la calle 118, generando congestión constante y mayores tiempos de traslado, expresó Fernando Zambrano, taxista.
Ciudadanos como Pedro Lucas expresan su indignación: "Para mí ya es un abuso, no se puede cerrar el libre tránsito, ellos no son dueños de las calles. Imagínese una emergencia, ni ambulancias ni carros del Cuerpo de Bomberos pueden pasar por allí". Esta preocupación no es infundada: en una zona con instituciones educativas y policiales, el bloqueo podría retrasar respuestas críticas en situaciones de salud, incendios o incluso evacuaciones, acotó.
Cierre de calle no justifica la seguridad
Irónicamente, mientras la Policía Nacional argumentaba seguridad para justificar el cierre en 2022, Manta cerró 2025 con más de 500 muertes violentas. Además inició 2026 con masacres que dejan varias víctimas.
Para la abogada Laura Rodríguez las autoridades policiales y el Municipio de Manta deben explicar por qué, ante un deterioro evidente de la seguridad ciudadana, se prioriza el cierre de calles en lugar de estrategias integrales que protejan a toda la población. "El libre tránsito es un derecho constitucional; su restricción indefinida, sin evaluación pública ni alternativas viales, constituye un abuso que afecta la movilidad y seguridad de los manteños", dijo. Ciudadanos piden reabrir la calle 304 o, al menos, justificar transparentemente su permanencia en un contexto donde la violencia no ha cedido.
