La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó en Miami, Estados Unidos, sobre la Ley de Inteligencia aprobada en Ecuador el 10 de junio. La normativa permite la interceptación de comunicaciones sin orden judicial, argumentando que busca fortalecer la seguridad nacional.
Nueva Ley de Inteligencia en Ecuador
La Asamblea Nacional aprobó Ley de Inteligencia el 10 de junio de 2025 con 77 votos a favor, 66 en contra, 7 abstenciones. El presidente Daniel Noboa promulgó normativa el 11 de junio para combatir crimen y reforzar seguridad nacional. La Ley crea Sistema Nacional de Inteligencia, integrado por Fuerzas Armadas, Policía y otras entidades, reportando al presidente.
El artículo 51 de la ley establece que los operadores de telecomunicaciones deben proporcionar datos históricos y en tiempo real. Esto incluye información técnica, informática, de localización de celdas y cualquier dato que facilite la identificación y localización de usuarios. La disposición no requiere una orden judicial, lo que ha generado críticas por su impacto en la privacidad y el acceso a la información.
Preocupaciones de la SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, expresó su inquietud por las implicaciones de la ley en la libertad de prensa. José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, señaló que la normativa amenaza la protección de fuentes periodísticas y fomenta la autocensura entre periodistas. “El impacto potencial de esta legislación sobre el periodismo nos preocupa profundamente”, afirmó Dutriz.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que la ley podría facilitar represalias contra periodistas que investigan temas sensibles. “La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para un periodismo independiente”, destacó.
Fundamedios y su crítica
La organización Fundamedios rechazó la normativa, argumentando que pone en riesgo la privacidad, el acceso a la información y la libertad de prensa al permitir la vigilancia estatal sin controles judiciales. Además, la ley reduce la rendición de cuentas del SNI de semestral a anual ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Cabe destacar que el reglamento para su aplicación debe estar listo en diciembre de 2025.
En este sentido, la Declaración de Salta II, actualizada por la SIP en octubre de 2024 en Córdoba, Argentina, establece que la vigilancia digital debe realizarse solo en casos excepcionales, con orden judicial y respetando convenciones de derechos humanos. Por si fuera poco, la SIP recordó que el presidente Noboa firmó las declaraciones de Chapultepec y Salta en marzo de 2024, comprometiéndose a garantizar la libertad de prensa.
Reacciones y alcance regional
La SIP, que agrupa a más de 1.300 medios en el hemisferio occidental, destacó que la ley podría limitar el trabajo de periodistas y ciudadanos críticos del poder político. La organización subrayó la importancia de proteger el derecho a la información y evitar la censura digital.
La Ley de Inteligencia ha generado debate en redes sociales, donde usuarios advierten sobre un posible sistema de espionaje legal en Ecuador. La normativa, ya vigente, plantea desafíos para el equilibrio entre seguridad nacional y libertades fundamentales (21).
