La Jueza de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo dictó auto de llamamiento a juicio contra Miguel Eduardo M. R., concejal de Santo Domingo, y José Ignacio P. P., por su presunta participación en el delito de asesinato en grado de tentativa contra un exdirigente de una cooperativa de transporte. La decisión fue tomada tras el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía General del Estado.

El hecho investigado ocurrió el 5 de marzo de 2025 en una urbanización ubicada en el centro de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Según la investigación fiscal, la víctima habría sido atacada cuando salió de su domicilio.

De acuerdo con la Fiscalía, un hombre habría llegado al sitio a bordo de un taxi y presuntamente disparó contra la víctima, ocasionándole dos impactos de bala. Un tercer intento de disparo no se habría concretado debido a una falla del arma, según consta en la investigación.

Investigación y presunta participación

Tras el ataque, los involucrados habrían abandonado el lugar. Como parte de las diligencias investigativas, Fiscalía señaló que el vehículo utilizado en el hecho estaría relacionado con un familiar de Miguel Eduardo M. R. y que José Ignacio P. P. habría sido quien conducía el taxi.

La Fiscalía también indicó que el tercer presunto implicado, quien sería la persona que habría realizado los disparos, no ha sido localizado hasta el momento.

El análisis de los registros médicos incorporados al expediente determinó que las lesiones provocadas por los proyectiles afectaron órganos vitales, poniendo en riesgo la vida de la víctima, según la información presentada durante la audiencia.

Prisión preventiva y proceso judicial

Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la Fiscalía expuso los elementos de convicción recopilados durante la investigación previa y la instrucción fiscal, además de anunciar las pruebas que serán presentadas en la etapa de juzgamiento.

Al finalizar la diligencia, la jueza ratificó la prisión preventiva para ambos procesados, luego de acoger el pedido formulado por la Fiscalía.

Según la información oficial, en septiembre de 2025 Fiscalía formuló cargos contra los dos investigados. Posteriormente, el 10 de enero de 2026, Miguel Eduardo M. R. fue expulsado de Colombia y detenido por la Policía Nacional en el Puente Internacional de Rumichaca, debido a que existía una orden de prisión preventiva en su contra dentro de esta causa.

Contexto legal del caso

El delito de asesinato está contemplado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece una pena privativa de libertad de 26 a 30 años.

La tentativa, prevista en el artículo 39 del COIP, se configura cuando la ejecución de un delito no llega a consumarse por circunstancias ajenas a la voluntad del presunto autor.

El proceso continuará con la etapa de juzgamiento, en la que se analizarán las pruebas anunciadas por las partes procesales.