La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina convocó este viernes una audiencia para el 11 de septiembre, en la que resolverá si mantiene o modifica el decomiso de USD 500 millones ordenado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el caso de corrupción conocido como Vialidad.
El caso de corrupción en la concesión de obras de vialidad
El expediente investiga irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). Según la justicia, se favoreció al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, con 51 contratos de construcción de carreteras en la provincia de Santa Cruz.
El perjuicio económico inicial fue estimado en 85.000 millones de pesos, cifra que con la actualización judicial de julio de 2025 ascendió a 684.990 millones de pesos (unos 500 millones de dólares). Esta actualización es la que ahora deberá revisarse en la audiencia de Casación.
En 2022, un tribunal condenó a Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Corte Suprema ratificó la sentencia en junio de 2025, tras rechazar sus apelaciones.
La posición de la defensa
El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, objetó el cálculo del decomiso y adelantó que su clienta “no pagará” lo que se le adjudique, al considerar que la estimación es errónea.
Además, Beraldi solicitó que el caso pase al fuero Civil y Comercial, argumentando que el Tribunal Oral Federal 2 no es competente para ejecutar el decomiso. Parte del pedido fue aceptado y el expediente pasó a Casación.
“El cálculo carece de sustento técnico y legal. Pretenden responsabilizar a Cristina por un daño que no se ajusta a los hechos probados”, afirmó Beraldi en audiencias previas.
Lo que decidirá Casación
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña escucharán los argumentos de ambas partes el 11 de septiembre. Después tendrán cinco días hábiles para decidir si confirman o ajustan el monto.
Desde el 17 de junio de 2025, Cristina Fernández cumple su condena en modalidad de arresto domiciliario en su residencia de Buenos Aires, debido a su edad, 72 años.
El caso genera divisiones en Argentina: los seguidores de Fernández lo califican como persecución política, mientras sus detractores lo ven como un paso necesario contra la corrupción en la administración pública.
Cristina, poderosa pero cuestionada
Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y antes primera dama durante el mandato de Néstor Kirchner. Su figura sigue influyendo en la política argentina como líder del kirchnerismo, corriente interna del peronismo, que aún conserva un importante núcleo de seguidores y poder en el Congreso.
Su trayectoria política está marcada por acusaciones de corrupción. El caso Vialidad reveló irregularidades en contratos de obras públicas adjudicados a Lázaro Báez, empresario cercano a los Kirchner.
También fue investigada en causas como Hotesur y Los Sauces, vinculadas al presunto lavado de dinero a través de hoteles y propiedades familiares. Estos procesos consolidaron su imagen como una dirigente poderosa, pero cuestionada judicialmente.
El caso Vialidad es el más avanzado. En 2022, Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por favorecer contratos de obras viales. La Corte Suprema confirmó la sentencia en junio de 2025, lo que dejó la condena en firme. Actualmente cumple arresto domiciliario en Buenos Aires.
Casos con poco avance en Argentina
También hay investigaciones a Cristina Fernández sobre el Pacto con Irán y el caso dólar futuro. Estos siguen en etapa preliminar o con avances limitados, sin condenas firmes hasta ahora.
El Pacto con Irán investiga el memorándum firmado en 2013 entre Argentina e Irán para esclarecer el atentado contra la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos. Críticos acusan a Cristina Fernández de encubrir a funcionarios iraníes imputados. La denuncia la impulsó el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en 2015 en circunstancias aún polémicas.
El caso dólar futuro analiza operaciones financieras realizadas en 2015 durante el final del mandato de Fernández. La justicia investiga si se vendieron contratos de dólar a futuro a precios artificialmente bajos, causando pérdidas millonarias al Estado.
