Kléber Carrión, oficial superior retirado de la Policía Nacional y catedrático universitario, analiza el escenario de inseguridad en Santo Domingo de los Tsáchilas. En esta entrevista, aborda las causas del conflicto, las estrategias fallidas del Estado, y propone soluciones concretas ante la creciente violencia.

La creciente ola de violencia en la provincia acompañada de masacres con varios muertos registrados preocupa a la ciudadanía.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, en las últimas semanas se han presentado varias masacres. En dos de los casos los asesinos llegaron vestidos de militares ¿Cómo se explica que bandas criminales utilicen uniformes militares o policiales para delinquir?

Lo hacen para pasar desapercibidos, intimidar a la población y evadir controles. Les da una apariencia de autoridad que les permite operar con impunidad. Esto se debe también a los múltiples operativos de rutina de miembros de las Fuerzas Armadas, los delincuentes se ‘camuflan haciéndose pasar por militares’.

¿Por qué lo hacen con tanta libertad y normalidad? ¿Está regulado el uso de esos uniformes?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) solo lo sanciona como contravención, con una pena mínima, que va de 15 a 30 días de cárcel.  Esa normativa no es efectiva para frenar el fenómeno.

¿Qué se debería hacer para controlar mejor el uso de uniformes oficiales?

Se debe implementar un sistema de trazabilidad, como códigos de barras o chips, que identifiquen al usuario de cada uniforme. También regular estrictamente su comercialización, los vendedores deben tener permisos y regirse a la identificación de los uniformes para evitar que sean adquiridos por delincuentes.

¿Qué ocurre actualmente en Santo Domingo de los Tsáchilas, por qué se dan estas matanzas?

Hay una disputa abierta entre bandas por el control territorial. Es una zona clave para el narcotráfico, por su ubicación entre provincias ya militarizadas. Esto es una guerra de todos contra todos (en el mundo delincuencial).

¿Qué bandas están operando en la provincia?

Principalmente los R7 que ahora están divididos en R y 7, Los Choneros y Los Lobos. Los R7 se debilitaron y fragmentaron tras la muerte de su líder. Esto, ha generado una lucha interna y externa por el control. Las otras dos bandas quieren tomar el control, por eso las matanzas.

¿Cómo actúan estas organizaciones criminales?

Con armas largas, en grupos armados, desplazándose en vehículos, a veces disfrazados de policías o militares. Ya no temen mostrarse en público y atacar sitios concurridos.

¿La violencia se ha intensificado recientemente?

Sí, hemos visto un repunte brutal. En pocas semanas se han registrado múltiples masacres y ataques armados. Esto va en escalada. Va  continuar así si no se actúa rápido y la inseguridad va a incrementar.

¿Hay civiles inocentes entre las víctimas?

Lamentablemente sí. Ya se han documentado muertes de menores de edad y personas que no estaban vinculadas a las bandas. Los perjudicados por esta guerra entre criminales somos los ciudadanos, que resultan víctimas colaterales.

¿Cuál es el impacto psicológico de esta situación de inseguridad?

Gravísimo. Los niños ya naturalizan la violencia. Hablan de secuestros y sicariatos como si fueran parte del día a día. Eso deja secuelas profundas.

¿Se ha aplicado la figura de terrorismo contra estas bandas?

No. Aunque el Gobierno las declaró terroristas, en la práctica no se ha iniciado ni un solo proceso judicial bajo esa figura.

¿Qué implicaciones tiene que no se aplique la figura de terrorismo?

Se pierden herramientas legales más fuertes para combatirlos. Es un anuncio político que no se ha traducido en acciones concretas.

¿Cómo evalúa la respuesta del Estado?

Lenta, reactiva y sin inteligencia. No hay un plan real. La delincuencia va varios pasos por delante. Es necesario que se cambie la estrategia para combatir a los grupos delincuenciales.

¿Qué papel juega la inteligencia en esta lucha?

Fundamental. Sin inteligencia, los operativos se vuelven inútiles. Hoy por hoy, se actúa con base en información desactualizada o sin análisis estratégico.

¿Qué sucede con las rutas rurales que conectan Santo Domingo  de los Tsáchilas con otras provincias?

Están completamente liberadas. Son utilizadas por las bandas para movilizar armas, drogas y personas sin ningún control. Las bandas quieren captar estas zonas más pequeñas y aisladas.

¿Cómo afecta esto a la gobernabilidad local?

Debilita totalmente la institucionalidad. Las bandas sustituyen al Estado en ciertas zonas, imponiendo miedo y reglas propias. Hablamos de robos, asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos.

¿Qué se necesita para recuperar el control del territorio y disminuir la inseguridad?

Presencia estatal firme y sostenida, con coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas, justicia y gobiernos locales. No se trata solo de operativos, sino de control real. Lo ideal es que se logre detectar los delitos antes de que se cometan y frustrarlos.

¿Cuál es el rol del sistema judicial en esta crisis?

En muchos casos es cómplice. Hay corrupción, jueces que no aplican la ley o que actúan como políticos. Así es imposible avanzar.

¿Qué debería hacer el Gobierno en este momento ante la situación en Santo Domingo de los Tsáchilas?

Declarar el estado de excepción en Santo Domingo de los Tsáchilas. Estamos en medio de dos provincias que tienen estado de excepción (Manabí y Los Ríos) eso nos hace estar en medio de la guerra de bandas, con altos índices de inseguridad. Ya tenemos alrededor de 30 muertes violentas en poco tiempo. No podemos esperar a que sean 100 ni que siga habiendo víctimas colaterales.

¿Tiene esperanza de que la situación pueda revertirse?

Sí, pero requiere voluntad política real. Si el Estado no asume el control con firmeza, la delincuencia seguirá expandiéndose y la ciudadanía quedará abandonada.