La Justicia de Argentina resolvió este jueves que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podrá hacer uso del balcón de su domicilio durante su arresto domiciliario, en el marco de la condena por la ‘causa Vialidad’. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires aclaró que no existe prohibición para el uso de los espacios de su vivienda, pero instó a la exmandataria a actuar con “prudencia y sentido común” para evitar alteraciones en la tranquilidad del vecindario. La decisión responde a una solicitud de la defensa de Fernández, quien buscaba claridad sobre la posibilidad de salir al balcón para saludar a sus seguidores durante manifestaciones en su apoyo.

La medida se enmarca en el cumplimiento de la condena que inhabilitó políticamente de por vida a Fernández, acusada de irregularidades en la adjudicación de obras viales durante sus gobiernos (2007-2015). La expresidenta, que niega las acusaciones, ha señalado que enfrenta una persecución política y judicial.

Contexto de la decisión judicial

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 emitió un fallo que precisa las condiciones del arresto domiciliario de Fernández. Según el documento, no se prohíbe el uso de ningún espacio de la vivienda, incluido el balcón. Sin embargo, el tribunal enfatizó que la exmandataria debe evitar acciones que perturben la convivencia pacífica del vecindario. “Se espera de la solicitante el criterio suficiente para discernir en qué contexto el uso del balcón será una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación”, indica el fallo.

La resolución surge tras la controversia generada por las manifestaciones de apoyo a Fernández, las cuales han generado tensiones en las inmediaciones de su domicilio en Buenos Aires. La defensa de la expresidenta solicitó la aclaración para garantizar que el uso del balcón no contravenga las restricciones impuestas por el arresto domiciliario.

Antecedentes de la ‘Causa Vialidad’

La condena de Cristina Fernández se deriva de la ‘causa Vialidad’, un proceso judicial que investigó presuntas irregularidades en la asignación de contratos de obra pública durante sus mandatos. Según la acusación, Fernández favoreció con contratos millonarios a un empresario cercano, considerado su presunto testaferro. La sentencia, emitida en diciembre de 2022, le impuso seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fernández ha rechazado las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de “lawfare” o persecución judicial impulsada por sectores políticos y mediáticos opuestos a su gestión. Sus seguidores, por su parte, han realizado concentraciones frente a su domicilio en señal de respaldo, lo que ha generado roces con vecinos y autoridades.

Implicaciones y reacciones

La decisión del tribunal busca equilibrar los derechos de Fernández con la necesidad de mantener la armonía en el entorno de su residencia. La autorización para usar el balcón, aunque con restricciones, podría intensificar las manifestaciones de sus simpatizantes, quienes consideran que la condena es injusta. Por otro lado, las autoridades han advertido sobre la importancia de evitar disturbios que afecten a la comunidad.

El caso de Fernández sigue siendo un tema polarizante en Argentina, donde su figura genera tanto apoyo ferviente como críticas severas. La resolución judicial no altera el cumplimiento de su condena. Sin embargo, añade un nuevo capítulo a la compleja situación política y judicial que rodea a la exmandataria.

Contexto Político

La ‘causa Vialidad’ es uno de los varios procesos judiciales que enfrenta Cristina Fernández, quien gobernó Argentina durante dos períodos consecutivos. Su arresto domiciliario, concedido en lugar de prisión efectiva debido a consideraciones legales y de salud, ha sido objeto de debate público. Sus seguidores argumentan que se trata de un intento de neutralizar su influencia política.

La Justicia argentina continuará supervisando el cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario, en un contexto de alta tensión política y social.