El Gobierno de Ecuador enfrenta una serie de demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional (CC) contra las nuevas leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública. La vocera oficial, Carolina Jaramillo, afirmó este lunes 7 de julio que el Ejecutivo responderá a estas demandas “por la vía que corresponde con los argumentos que corresponden y dentro de la norma y la Constitución”. Además, destacó que las movilizaciones anunciadas por diversos sectores sociales representan un derecho ciudadano siempre que se realicen de manera pacífica.
Jaramillo subrayó que al Gobierno le interesa que la ciudadanía apoye la gestión que se está desarrollando, especialmente en la lucha contra el crimen organizado. “Le ocupa que la ciudadanía esté satisfecha con la lucha contra el crimen organizado y que apoye los grandes logros que se están llevando a cabo”, indicó. Respecto a las protestas, reiteró que la población tiene la libertad de movilizarse y manifestarse pacíficamente.
Gobierno de Ecuador: leyes en el centro del debate
Las demandas de inconstitucionalidad se enfocan principalmente en la Ley de Solidaridad Nacional, que busca combatir las economías criminales mediante reformas legales en varios ámbitos. Esta ley, junto con las de Inteligencia e Integridad Pública, ha generado cuestionamientos en diversos sectores como trabajadores, médicos, enfermeras, abogados, estudiantes y docentes, que han anunciado movilizaciones a nivel nacional en rechazo a estas normativas.
La Corte Constitucional admitió a trámite dos de las tres demandas presentadas contra la Ley de Solidaridad Nacional el viernes 4 de julio de 2025. Esta normativa fue la primera propuesta con carácter urgente en materia económica presentada por el presidente Daniel Noboa en su nuevo periodo. Los tribunales de admisión de la CC verificaron que las demandas cumplieron con los requisitos legales para su análisis, mientras que una tercera demanda fue inadmitida por no cumplir con ciertos requisitos formales.
La Corte designó al juez Alí Lozada para encargarse de la sustanciación de las demandas admitidas. La institución aclaró que no se otorgaron medidas cautelares para suspender la vigencia de la Ley de Solidaridad Nacional, dado que las solicitudes no cumplieron con los requisitos legales. Por lo tanto, la ley continuará en vigencia mientras la Corte analiza su constitucionalidad.
Puntos controvertidos de la Ley de Solidaridad Nacional
La Ley de Solidaridad Nacional tiene como objetivo principal combatir las economías criminales. Entre sus medidas se encuentra de que las empresas donen equipamiento a la Policía y las Fuerzas Armadas a cambio de una reducción de impuestos. También contempla un indulto diferido para policías, militares y funcionarios en operaciones de seguridad, así como para personas con enfermedades raras o catastróficas y colaboradores con la justicia.
La ley incrementa las condenas para quienes formen parte de grupos armados organizados (GAO), estableciendo penas de prisión que van desde 22 hasta 30 años, dependiendo del grado de participación. Además, autoriza allanamientos sin previa autorización judicial en el contexto del conflicto armado interno, aunque sujetos a control judicial posterior. La normativa también establece compensaciones económicas anuales para pequeños y medianos productores y actores de la economía solidaria, que pueden fijarse mediante decretos ejecutivos.
Reacciones sociales y políticas
Los cuestionamientos a la Ley de Solidaridad Nacional y a las otras dos leyes no solo provienen de sectores profesionales y sociales. También han generado un clima de movilizaciones a nivel nacional. Estos movimientos expresan su rechazo a las reformas legales y exigen un diálogo amplio sobre las implicaciones de estas normativas en derechos y garantías ciudadanas.
Carolina Jaramillo ha minimizado las preocupaciones sobre las demandas de inconstitucionalidad, asegurando que las leyes cuentan con respaldo ciudadano y que el Gobierno mantiene su compromiso con la gestión y la lucha contra la delincuencia organizada. La vocera enfatizó que el Ejecutivo responderá a las demandas conforme a la Constitución y la ley.
Contexto legal y político
La Ley de Solidaridad Nacional se publicó oficialmente en el Registro Oficial Suplemento 56 el 10 de junio de 2025. Su presentación como norma urgente en materia económica refleja la prioridad del Gobierno para enfrentar la economía criminal.
La Corte Constitucional, al admitir las demandas, inicia un proceso que podría modificar o confirmar la vigencia de estas leyes. La decisión de no otorgar medidas cautelares mantiene la ley activa, lo que implica que sus disposiciones se aplican mientras se resuelve la constitucionalidad.
