Gobierno de Ecuador ha despedido a 2.295 trabajadores del sector público de los 5.000 previstos

Petroecuador y Celec lideran la reducción de personal tras detectar sueldos que duplicaban la remuneración justa por puestos administrativos y operativos.
Gobierno de Ecuador ha despedido a 2.295 trabajadores del sector público de los 5.000 previstos
El Gobierno ecuatoriano proyecta continuar con este proceso hasta completar la desvinculación de los 5.000 funcionarios inicialmente señalados.
Gobierno de Ecuador ha despedido a 2.295 trabajadores del sector público de los 5.000 previstos
El Gobierno ecuatoriano proyecta continuar con este proceso hasta completar la desvinculación de los 5.000 funcionarios inicialmente señalados.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

Desde que el Gobierno de Ecuador anunció el proceso de desvinculación de 5.000 funcionarios el 24 de julio del 2025, la salida de personal en el sector público avanza de manera significativa. En cinco entidades públicas ya suman 2.295 trabajadores desvinculados. Esta medida busca optimizar recursos y eliminar puestos sobrevalorados que impactan el gasto estatal.

Petroecuador confirmó el 26 de julio la salida de 250 empleados y el 8 de agosto anunció que un total de 936 trabajadores dejan la empresa hasta la fecha. La razón principal es que muchas plazas presentan salarios desproporcionados frente a las funciones. Por ejemplo, un obrero o analista con un salario que debería ser $531 percibe $ 2.132 mensuales.

Impacto en Petroecuador y Celec

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, afirmó el pasado viernes 08 de agosto que en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ya se desvincularon 300 empleados. Parte de esas salidas responden a contratos polémicos con la empresa Progen, mientras otras obedecen al plan de eficiencia administrativa implementado para optimizar la gestión.

Por otro lado, el Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) reportó que desde el 28 de julio han despedido a 164 trabajadores. Entre ellos se encuentra el empleado con el sueldo más alto, que alcanzaba cerca de $13.500 mensuales, evidenciando el desequilibrio salarial que persiste en varias entidades públicas.

Desvinculaciones en otros sectores clave

La desvinculación también afecta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde el ministro Roberto Luque confirmó la salida de 105 servidores. Esta decisión se alinea con la política estatal de evitar gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en áreas estratégicas del país.

Mientras tanto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció la desvinculación de un total de 540 trabajadores. Este recorte corresponde a empleados con diferentes tipos de nombramiento, priorizando la racionalización de personal. De esos, 264 tenían nombramiento provisional, 83 contratos de servicios ocasionales y 193 nombramientos definitivos o permanentes.

Gobierno de Ecuador: medidas para la eficiencia en el sector público

Estas desvinculaciones reflejan una clara intención de impulsar la eficiencia en el sector público a través de la reducción de gastos excesivos en sueldos y la eliminación de puestos duplicados o sobrevalorados. Las autoridades buscan mejorar la gestión pública con menores costos operativos.

El proceso evidencia la necesidad de equilibrar la planilla estatal para crear un sistema más transparente y funcional. Las medidas pretenden optimizar recursos y cerrar brechas de desigualdad salarial en el sector público, garantizando que los salarios reflejen las funciones reales desempeñadas por los trabajadores.

Perspectivas y próximos pasos

El Gobierno de Ecuador proyecta continuar con este proceso hasta completar la desvinculación de los 5.000 funcionarios inicialmente señalados. La apuesta por la eficiencia y transparencia genera expectativas de un gasto público más racional y controlado.

La opinión pública y sindicatos mantienen una vigilancia estricta sobre los resultados y efectos que estas medidas tendrán en los servicios que proveen estas entidades. Sin embargo, las autoridades aseguran que estas decisiones responden a planes estructurales orientados a mejorar el desempeño del Estado ecuatoriano.

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