La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la jueza Daniella Camacho fijar fecha y hora para una audiencia de vinculación contra Andrés Arauz, Raúl González y Esther Cuesta, en el marco del caso Ligados. El proceso investiga una presunta red de asociación ilícita relacionada con irregularidades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Además de presiones políticas para la designación de cargos públicos, como la Superintendencia de Bancos. Los nuevos señalados se suman a los exconsejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz. 

El caso Ligados, que tomó relevancia tras un allanamiento al edificio del CPCCS en Quito el 24 de enero de 2025, se centra en la presunta “usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas” por parte de varios exconsejeros. La Fiscalía apunta a una red conocida como la “Liga Azul”, integrada por vocales que habrían actuado con afinidad al movimiento Revolución Ciudadana (RC). 

Irregularidades en la Superintendencia de Bancos

Uno de los principales señalamientos recae sobre Raúl González, acusado de haber sido favorecido para el cargo de Superintendente de Bancos mediante presiones políticas. Según la Fiscalía, Esther Cuesta, quien presidía la Asamblea Nacional, habría retrasado intencionalmente la convocatoria para la posesión de Roberto Romero von Buchwald como titular de dicha superintendencia, con el objetivo de beneficiar a González. Por su parte, Andrés Arauz, también es señalado por su presunta participación en esta trama, basada en evidencia obtenida de chats relacionados con el caso.

El proceso ha generado gran atención debido a las implicaciones políticas y al impacto en la institucionalidad del CPCCS. La investigación busca esclarecer si los involucrados coordinaron acciones para consolidar poder en instituciones públicas. 

Proceso del caso Ligados

El caso Ligados debe su nombre a la “Liga Azul”, un grupo de exconsejeros del CPCCS que, según la Fiscalía, actuaron con afinidad al movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa. Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor también son investigados por presunta asociación ilícita. A ellos se suma Nicole Bonifaz.  La Fiscalía sostiene que los chats obtenidos como evidencia revelan una coordinación sistemática para influir en decisiones institucionales. 

El allanamiento del 24 de enero en las oficinas del CPCCS, ubicadas en el centro de Quito, marcó un hito en la investigación. Durante el operativo, se recopiló documentación y dispositivos electrónicos que, según la Fiscalía, contienen información relevante para sustentar las acusaciones. 

Próximos pasos en la investigación

La solicitud de la fiscal Salazar para vincular a Arauz, González y Cuesta representa un nuevo capítulo en el caso Ligados. La audiencia, cuya fecha aún está pendiente, será clave para determinar si existen pruebas suficientes para formalizar los cargos contra los nuevos implicados. Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de los elementos recaudados, incluyendo los chats que, según la Fiscalía, mencionan de manera reiterada a los señalados.