El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha tomado mucho tiempo para encaminar la designación de autoridades de control. Debe trabajar con más agilidad, sobre todo en esta, que es una de sus tareas primigenias.

El organismo, considerado por la Constitución como uno de los poderes del Estado, tiene serios conflictos internos derivados de la disputa política que también afecta a otros entes públicos. Esta es la causa más frecuente de desacuerdos.

Todavía tiene pendientes las designaciones de las autoridades de la Contraloría General del Estado, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Protección de Datos y el Consejo de la Judicatura. Además, debe concluir la renovación parcial de los directorios de cuatro instituciones.

«Si el CPCCS no cumple sus funciones a cabalidad, debería desaparecer”.

Si el CPCCS no cumple sus funciones a cabalidad, debería desaparecer y la competencia de designar a las autoridades de control retornar a la Asamblea Nacional, como ocurría antes.

El Estado no puede mantener organismos poco representativos, que fueron creados para consolidar a un régimen que se empeñó en dominar todo el sector público.

Editorial de El Diario publicado este miércoles 26 de octubre del 2022 en nuestra edición impresa.