El presidente Daniel Noboa oficializó la implementación de un nuevo toque de queda en zonas estratégicas del país mediante el Decreto Ejecutivo 370, una medida que restringe la libertad de tránsito entre el 3 y el 18 de mayo, en el horario de 23:00 a 05:00. Esta decisión, que abarca nueve provincias y cuatro cantones, busca neutralizar la escalada de violencia sistemática y el accionar de estructuras criminales que aprovechan la vulnerabilidad de la franja nocturna para ejecutar delitos de alto impacto.
La disposición de toque de queda rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. El Ejecutivo justifica la restricción señalando que la franja horaria nocturna concentra condiciones que reducen la presencia institucional y el control social, facilitando la movilidad de armamento y la coordinación de operaciones delictivas sin una intervención oportuna de la fuerza pública.
Factores de riesgo en la franja nocturna
Según los informes técnicos del Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia, el país enfrenta una grave conmoción interna caracterizada por patrones sistemáticos de violencia. El Gobierno sostiene que limitar la circulación nocturna con la medida de toque de queda es una herramienta idónea para reducir la exposición de civiles, evitar daños colaterales durante operativos y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades ante el accionar de grupos armados.
Uno de los motivos centrales expuestos en el decreto es el denominado "efecto post-toque de queda". Tras el fin de restricciones previas en marzo de 2026, los actores criminales no fueron neutralizados estructuralmente, sino que redireccionaron sus actividades hacia zonas no cubiertas por la medida, lo que evidencia un desplazamiento geográfico de la delincuencia que requiere un nuevo fortalecimiento del patrullaje focalizado.
Estadísticas de violencia y operatividad
El análisis de seguridad del periodo comprendido entre el 1 y el 20 de abril de 2026 revela cifras críticas: se reportaron 231 hechos delictivos en las jurisdicciones intervenidas, de los cuales 95 ocurrieron precisamente en la franja de 23:00 a 05:00. Además, se registraron 76 homicidios intencionales en ese lapso, evidenciando que el fenómeno criminal persiste con intensidad en los territorios donde hoy se aplica el estado de excepción.
La concentración de la violencia se refleja también en el levantamiento de 594 indicios balísticos, donde la provincia de Guayas lidera con el 38.89 % de los casos, seguida por Manabí con el 13.30 % y El Oro con el 12.79 %. Estas nueve provincias en conjunto acumulan el 90 % de la violencia a nivel nacional y el 86.70 % de la delincuencia, consolidándose como focos rojos de la seguridad estatal.
Participación provincial y suspensión de derechos
En cuanto a la participación en muertes violentas del 1 al 20 de abril, Guayas concentró el 52.6 % (40 casos), Los Ríos el 17.1 % (13 casos) y Manabí el 10.5 % (8 casos). Otras provincias como Sucumbíos representaron el 7.9 %, mientras que El Oro y Pichincha registraron cada una un 5.2 % de los homicidios intencionales del periodo analizado.
El decreto no solo restringe la movilidad, sino que dispone la suspensión de tres derechos fundamentales: la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia. Esto permite a la fuerza pública realizar allanamientos inmediatos bajo indicios razonables de presencia de grupos criminales, siempre bajo criterios de proporcionalidad para garantizar la continuidad de servicios estratégicos y de salud.
