El experto en seguridad y defensa nacional Santiago Ortega sostuvo que Ecuador necesita pasar de una estrategia principalmente reactiva a un modelo de inteligencia criminal predictiva, que permita identificar amenazas y prevenir delitos antes de que sean ejecutados.
Durante una entrevista en Manavisión Plus, Ortega analizó el ataque armado registrado en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. A su criterio, el hecho evidenció problemas de inteligencia preventiva y coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.
Cuestionamientos tras ataque en aeropuerto
El especialista señaló que un aeropuerto internacional constituye una infraestructura crítica por el volumen de pasajeros y trabajadores que circulan diariamente. Por esta razón, consideró que el ataque no debe ser tratado como un homicidio más.
Ortega cuestionó si existió un intercambio adecuado de información entre la Policía Nacional, Migración, seguridad aeroportuaria y otras instituciones. Según su análisis, un ataque planificado genera movimientos e indicios que podrían ser identificados mediante labores previas de inteligencia.
Decreto 424 y cooperación internacional
Al referirse al Decreto Ejecutivo 424, que reconoce nuevamente la existencia de un conflicto armado interno, Ortega indicó que la medida busca mantener un marco jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas e internacionalizar la cooperación frente al crimen organizado.
El experto señaló que el decreto podría facilitar asesoría extranjera, intercambio de inteligencia y coordinación estratégica. Sin embargo, advirtió que una mayor presencia militar, los estados de excepción o el incremento de operativos no garantizan por sí solos una reducción sostenida de la inseguridad.
Otros indicadores de seguridad
Ortega sostuvo que el desempeño de las políticas públicas no debe medirse únicamente mediante el número de homicidios, operativos o detenciones. También recomendó evaluar la percepción de los ciudadanos, el funcionamiento cotidiano de los comercios y la confianza en la fuerza pública.
Como ejemplo, mencionó si las personas pueden acudir a espacios públicos durante la noche o si los comerciantes mantienen abiertos sus negocios sin temor. Estos elementos, explicó, permiten conocer cómo incide la violencia en la vida diaria.
Inteligencia criminal y económica
El especialista propuso integrar información sobre integrantes de estructuras delictivas, financistas, operadores logísticos, territorios y redes de apoyo. Los datos deben ser clasificados y analizados para diseñar acciones preventivas.
También planteó fortalecer la inteligencia criminal en cuando a econonomía para identificar movimientos de dinero y desmantelar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
Según Ortega, países europeos también enfrentan estructuras delictivas, pero mantienen menores índices de violencia debido a mayores niveles de institucionalidad, coordinación e inteligencia preventiva.
Reformas legales serían insuficientes
El entrevistado consideró que el aumento de penas y la incorporación de nuevos delitos no resultan suficientes mientras persistan altos niveles de impunidad.
Sobre las reformas antimafia, señaló que deberían incorporar medidas de protección para testigos, fiscales y jueces, además de mecanismos para el control penitenciario, la prevención y la investigación financiera. También afirmó que el crimen organizado es adaptativo, pues modifica sus métodos frente a las estrategias estatales y reemplaza rápidamente a sus integrantes, incluso mediante la captación de adolescentes.
Ortega sostuvo que los operativos policiales o militares deben estar acompañados de programas sociales, empleo, salud, educación, iluminación, agua potable y recuperación de espacios comunitarios. Advirtió que, si el Estado interviene un territorio únicamente mediante el uso de la fuerza y luego se retira, otras estructuras pueden ocupar nuevamente esos espacios.
Control de las cárceles
El experto reconoció la necesidad de contar con centros penitenciarios que impidan comunicaciones ilegales, organización por bandas y emisión de órdenes hacia el exterior. La base está en la inteligencia criminal, enfatiza.
No obstante, afirmó que la construcción de nuevas cárceles debe complementarse con inteligencia penitenciaria, depuración institucional y estrategias para evitar que funcionarios colaboren con organizaciones delictivas.
Ortega concluyó que reducir la violencia requerirá una política sostenida durante varios años, enfocada en tres frentes: las causas sociales que facilitan el reclutamiento, la economía criminal y la influencia política de las organizaciones.
