La investigación sobre un presunto esquema de espionaje político en Guayaquil suma un nuevo capítulo. La actual administración de Segura EP confirmó que durante más de un año existió un acceso remoto al sistema municipal de videovigilancia que permitía observar cámaras fuera de las instalaciones oficiales del Centro de Control y Monitoreo (C5).

El gerente de la empresa municipal intervenida, Álex Anchundia, señaló en entrevista con diario El Universo, que el enlace fue habilitado en noviembre de 2024 por disposición de Fernando Cornejo, quien en ese momento presidía el directorio de la institución.

Según explicó, el acceso permitía mucho más que visualizar imágenes en tiempo real. "Podía ingresar a cualquiera de las cámaras", afirmó Anchundia al referirse al alcance de las herramientas disponibles desde ese punto de conexión.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, la plataforma también permitía realizar grabaciones, descargas de información, controles de telemetría y procesos de georreferenciación.

Una oficina fuera del centro de monitoreo

La conexión habría sido instalada en una oficina ubicada en el Palacio Municipal de Guayaquil, donde Cornejo desarrollaba parte de sus actividades como funcionario municipal.

"Fernando hacía su oficina en el Palacio donde queda la Dirección de Aseo. Bajo esa solicitud es que se generó ese enlace con los accesos al C5", explicó Anchundia.

El gerente indicó que la habilitación fue gestionada a través de personal que trabajaba directamente con Cornejo y respondió a una instrucción emitida desde la presidencia del directorio de Segura EP.

Caso se relaciona con investigación en curso

La revelación toma relevancia luego de que conversaciones incorporadas a una investigación judicial mencionaran el supuesto uso de cámaras para vigilar una vivienda específica.

En uno de los diálogos difundidos, atribuido al expresidente Rafael Correa, se escucha la pregunta: "Y tenemos cámara vigilando esa casa, quién entra y sale, ¿no?".

La respuesta atribuida al exteniente Rodney Rengel fue: "Sí, señor presidente, la cámara está apuntando".

Estas conversaciones forman parte de las indagaciones relacionadas con una presunta difusión de información reservada.

No se conoce el alcance del monitoreo

Uno de los aspectos que aún genera incertidumbre es determinar qué cámaras fueron observadas o qué información pudo haber sido descargada mientras el enlace estuvo activo.

"No podemos determinar qué punto se ingresó", reconoció Anchundia al explicar las limitaciones técnicas que enfrenta actualmente la entidad para reconstruir el uso que se dio a la plataforma.

El funcionario insistió en que este tipo de accesos no se otorgan de manera habitual a terceros. "No es que alguna persona o institución solicita y se le da. Eso no es autorizado", sostuvo.

Solicitarán informes internos

Como parte de las acciones posteriores a la intervención de Segura EP, la actual administración prevé solicitar informes internos para esclarecer qué actividades se realizaban desde la oficina donde funcionaba el acceso remoto.

Anchundia explicó que el funcionario que operaba desde ese punto cumplía funciones asignadas por la presidencia del directorio. "Él es un funcionario, él cumplía una disposición", manifestó.

Tras la intervención ejecutada en febrero de 2026, el enlace fue desactivado y el acceso a las cámaras volvió a concentrarse exclusivamente dentro del C5, donde actualmente existen mayores controles para el manejo de imágenes y datos vinculados a la seguridad ciudadana.