El primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) continuará este miércoles 27 de mayo de 2026 en la Asamblea Nacional. La discusión, que busca superar el actual bloqueo del Consejo de la Judicatura y modernizar el sistema judicial, fue suspendida el pasado 20 de mayo tras la intervención de dieciséis legisladores.
La iniciativa, elaborada por la Comisión de Justicia y presentada por la asambleísta Rosa Torres, plantea nueve ejes principales de reforma. Entre ellos destacan el blindaje ético del Poder Judicial, la lucha frontal contra la corrupción, mayor transparencia, democratización de la justicia, rediseño del régimen disciplinario, implementación del expediente electrónico, transformación de la Escuela Judicial y el fortalecimiento de los jueces de paz para ampliar la cobertura social.
Controversia por controles a abogados
Previo a la continuación del debate, este martes 26 de mayo, el jefe de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), Esteban Torres, propuso incorporar mayores controles para los abogados.
"En este país, a veces tener un carné de abogado es una licencia para matar", afirmó, y señaló que muchas facultades de Derecho preparan deficientemente a los profesionales.
Sus declaraciones generaron la inmediata reacción del legislador Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), quien rechazó la estigmatización de la profesión y defendió el rol del derecho como límite al poder del Estado. Molina enfatizó que el debate debe sustentarse en argumentos y respeto al Estado de derecho.
Creo que se debe empezar a debatir si el solo hecho de graduarse de abogado debería habilitar automáticamente la posibilidad de litigar.
— Esteban Torres Cobo (@etorrescobo) May 26, 2026
En varios países se exige un examen riguroso de barra o de colegios de abogados para habilitarse como abogado de litigio en cortes. Aquí, no.... https://t.co/cB2RgkIXBT
Ejes centrales del proyecto
El documento propone un nuevo esquema sancionatorio, la revisión integral de la infraestructura tecnológica, la elevación del nivel técnico de los funcionarios judiciales y el uso de pruebas de confianza, incluyendo el polígrafo. También busca regular mejor las medidas cautelares y mejorar los concursos para cargos en la Función Judicial.
Los cuatro primeros ejes se centran en combatir la corrupción, aumentar la transparencia y reducir el abuso de medidas cautelares. Los cinco restantes abordan la reestructuración administrativa del Consejo de la Judicatura, el régimen disciplinario, la gestión tecnológica y el fortalecimiento de los jueces de paz.
