La Asamblea Nacional se encuentra en la fase final del trámite de un proyecto de ley que busca prevenir, erradicar y sancionar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada, estructuras criminales y grupos armados. La propuesta, presentada en enero de 2026 por la asambleísta Valentina Centeno (ADN), espera el informe para segundo y definitivo debate tras haber sido tratada en primer debate el pasado 27 de mayo.

La iniciativa plantea reformas a diez cuerpos legales vigentes y busca establecer un marco jurídico integral para enfrentar una problemática que afecta a menores de edad en distintos territorios del país. El proyecto incorpora medidas de prevención, protección y sanción con el fin de fortalecer la respuesta institucional frente al reclutamiento de menores.

Además, la propuesta será unificada con otro proyecto impulsado por la asambleísta nacional Annabella Azín (ADN), presentado en diciembre de 2025.

Endurecimiento de penas en el COIP

Uno de los principales cambios contempla reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proyecto modifica el artículo 127, relacionado con el reclutamiento de menores, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes en grupos armados regulares o irregulares.

La reforma propone aumentar la pena privativa de libertad de 22 a 26 años para quien reclute, use, utilice o enliste a menores en fuerzas armadas regulares o irregulares, grupos armados o conflictos armados. En la actualidad, la norma establece sanciones de 10 a 13 años de prisión.

También se plantea sustituir el artículo 369.1 del COIP. La nueva redacción establece penas de 19 a 22 años para integrantes de estructuras delictivas que recluten o utilicen menores con fines delictivos. Si el hecho está vinculado con la comisión de otras infracciones penales, la sanción aumentaría a 22 a 26 años de cárcel. Actualmente, la pena vigente oscila entre 10 y 16 años.

Prevención y protección integral

El proyecto no se limita al aumento de sanciones. La propuesta incorpora mecanismos para prevenir el reclutamiento de menores y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

Entre las medidas previstas consta la ampliación de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Los municipios tendrían un rol más activo mediante consejos de seguridad, programas deportivos y espacios recreativos orientados a la prevención.

Asimismo, la iniciativa incluye acciones en entornos digitales. En sus 37 artículos, plantea medidas de prevención frente a contenidos tecnológicos que promuevan la captación de menores. Para ello, dispone el bloqueo de material digital orientado a incentivar estas prácticas. De igual forma, la normativa incorpora herramientas para que autoridades administrativas y judiciales actúen con mayor rapidez frente a posibles casos de reclutamiento de menores.

Observaciones realizadas durante el primer debate

El proyecto también fortalece las facultades de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Estas entidades podrán generar registros y emitir alertas tempranas sobre posibles situaciones de captación de niñas, niños y adolescentes.

Además, se prevé la creación de equipos especializados de seguridad en los Centros de Adolescentes Infractores.

Durante el primer debate, los legisladores incorporaron observaciones relacionadas con la lucha contra la impunidad, el control del consumo de drogas y el microtráfico, el fortalecimiento del acompañamiento familiar y la mejora de la coordinación entre instituciones.

Por otra parte, el proyecto de Annabella Azín propone un marco legal enfocado en la prevención, atención temprana, desintoxicación, rehabilitación y reinserción social de menores frente al consumo de drogas y al reclutamiento de menores. La propuesta establece la corresponsabilidad entre Estado, sociedad y comunidad, con énfasis en el interés superior del niño y la protección integral de sus derechos.

Con el informe para segundo debate aún pendiente, la Asamblea Nacional avanza en la discusión de una normativa que busca reforzar la prevención y sanción del reclutamiento de menores, así como fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes en Ecuador.