El proyecto de ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía fue presentado por el Gobierno nacional a la Asamblea el pasado 28 de enero, con el carácter de urgencia económica y en un contexto marcado por la crisis eléctrica que atravesó Ecuador entre 2023 y 2024.
La iniciativa plantea una apertura más amplia al sector privado en áreas estratégicas, especialmente en generación y transmisión eléctrica, con el objetivo de acelerar la ejecución de proyectos que permitan garantizar el abastecimiento energético y reducir la vulnerabilidad frente a factores climáticos.
Desde el análisis técnico, Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, considera que el proyecto recoge elementos que habían estado ausentes en propuestas anteriores y que ahora responden a una necesidad concreta del país.
Normativa y condiciones para invertir
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la apertura del sector privado, no solo desde un enfoque normativo, sino desde la posibilidad real de ejecutar proyectos en plazos razonables. Para ello, el proyecto incorpora esquemas que permitirían convocar licitaciones cuando no se cumpla el plan maestro del sector eléctrico.
La rentabilidad de los proyectos aparece como un factor determinante, dijo Rosero. El uso de tecnologías adecuadas, las condiciones de mercado y la definición de tarifas sostenibles se convierten en variables clave para atraer inversiones en generación y transmisión.
En ese marco, el proyecto busca evitar que la apertura quede limitada al papel, proponiendo mecanismos que permitan incorporar energía firme y renovable al Sistema Nacional Interconectado en menor tiempo.
Contexto de crisis y urgencia económica
La tercera iniciativa presentada por el Ejecutivo en minería y energía llega tras un periodo crítico. Durante el 2024, el país enfrentó racionamientos de hasta 14 horas, con un impacto económico estimado en $2.300 millones.
Estas pérdidas, significativas para una economía con un PIB cercano a los $100.000 millones, explican el carácter urgente del proyecto y la necesidad de dinamizar el rol del sector privado en la provisión de energía, comentó el experto.
La propuesta abre la puerta a soluciones para sectores productivos ubicados en zonas remotas, como el camaronero o el industrial, que no siempre cuentan con un suministro estable desde el sistema interconectado.
En estos casos, se plantea el uso de sistemas fotovoltaicos, almacenamiento con baterías y esquemas de generación distribuida que permitan cubrir la demanda local sin depender exclusivamente de la red nacional.
Estas alternativas buscan responder a una realidad productiva diversa y descentralizar la generación eléctrica, reduciendo la presión sobre el sistema de transmisión.
Relación con Colombia y seguridad del sistema
La suspensión de exportaciones de energía desde Colombia generó preocupación en distintos sectores, aunque su impacto no se ha traducido en racionamientos. El enlace energético permitió, en años anteriores, reservar agua en embalses estratégicos como Mazar y Paute, manifestó Rosero.
Actualmente, las condiciones climáticas han favorecido la operación plena de las hidroeléctricas del complejo Paute, lo que ha evitado un desabastecimiento inmediato, aunque la limitación en días de energía almacenada sigue siendo un factor de riesgo.
Desde un enfoque técnico, el proyecto de minería y energía apunta a reducir esta dependencia y fortalecer la autonomía del sistema eléctrico ecuatoriano.
Desarrollo económico y equilibrio ambiental
El debate también ha incorporado preocupaciones ambientales, especialmente desde organizaciones sociales que advierten posibles riesgos para territorios y fuentes de agua. Frente a ello, el enfoque planteado apunta a integrar el desarrollo económico con el respeto ambiental.
La visión del sector energético plantea que no es viable analizar por separado los ámbitos minero, eléctrico e hidrocarburífero, sino que deben articularse dentro de un ecosistema de inversiones alineado con los objetivos de desarrollo sostenible.
Uno de los principales cuellos de botella identificados es la lentitud en la entrega de permisos, especialmente ambientales, lo que ha frenado inversiones ya adjudicadas y retrasado proyectos estratégicos.
Beneficios para la ciudadanía y transición energética
Para la población, el principal beneficio esperado es contar con un sistema eléctrico confiable y menos expuesto a sequías o a la dependencia de importaciones, manifestó Rosero. La diversificación de la matriz permitiría reducir el riesgo de nuevos apagones.
El proyecto incorpora conceptos como distritos autónomos energéticos, generación distribuida y almacenamiento de energía, que apuntan a descentralizar la producción y aliviar la carga del sistema de transmisión.
En este contexto, la eficiencia energética aparece como un componente que podría fortalecerse, al reducir la demanda y actuar como una fuente indirecta de generación.
Expo Energía 2026 y debate sectorial
Estos temas serán parte del debate técnico y empresarial en la Expo Energía y el Energy Summit Ecuador 2026, que se desarrollarán el 4 y 5 de marzo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.
El evento reunirá a actores del sector industrial, comercial y gubernamental, así como a expositores internacionales de Estados Unidos, España, Colombia y Chile, con el objetivo de analizar el futuro del sector y las herramientas para acelerar la transición.
El encuentro busca generar consensos técnicos y visiones de largo plazo que permitan fortalecer el sistema energético y evitar que Ecuador vuelva a enfrentar una crisis como la vivida en años recientes.
Retos pendientes del proyecto
Aunque el proyecto recoge avances importantes en minería y energía, aún quedan aspectos por ajustar en el debate legislativo, especialmente en materia de eficiencia energética y agilidad regulatoria.
La implementación efectiva dependerá no solo de la aprobación de la ley, sino de su reglamento y de la adaptación de las regulaciones existentes, para que los proyectos adjudicados puedan finalmente ejecutarse.
La discusión legislativa definirá si esta propuesta logra convertirse en una herramienta real para garantizar soberanía energética, competitividad productiva y estabilidad para el país.
