El Consejo de Participación Ciudadana enfrenta una severa contaminación política y ha sucumbido a las presiones de otras funciones del Estado», aseveró el doctor Óscar Ayerve, consejero suplente del CPCCS, en entrevista en Manavisión Plus, donde además analizó los bloqueos para su principalización y las irregularidades que marcaron la salida de Diana Atamaint de la entidad electoral.
- ¿Cómo se principalizó como consejero de este ente del Estado?
Cuando ya estuve listo para principalizarme, apareció un impedimento absolutamente ilegal, sin petición de ninguna institución, en una manipulación del sistema informático del Ministerio del Trabajo como hicieron con Alexandra Villasís, que no la dejaron posesionarse como presidenta del Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, he mantenido un permanente criterio crítico por la lamentable realidad de incumplimientos que ese organismo ha tenido durante todos estos años, hemos promovido un giro de 180 grados de esa institución para que se convierta en un ente independiente que represente a los ciudadanos y rescate la respetabilidad institucional.
- ¿Pero cómo lograr esa independencia?
Tenemos que reconocer, que los ciudadanos del país no podemos convertirnos en espectadores, sino en actores de este gran e importante proceso electoral del próximo 29 de noviembre.
Es una gran oportunidad para rescatar la institución, en virtud de que ya finalmente un buen sector de aquellos que proclamaban su desaparición y el cambio de responsabilidades es decir, quitarle la atribución de nombrar a los más altos funcionarios de Estado ahora son candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, caso Ramiro Rivera.
- Históricamente, ¿cómo se ha dado esa injerencia de las fuerzas políticas en el organismo?
En ese contexto reconocemos dos etapas fundamentales, una cuando Rafael Correa nombraba a los miembros del Consejo de Participación, pero además nombraba a quienes iban a cumplir las funciones no olvidemos a Galo Chiriboga, Carlos Baca, Carlos Pólit, etcétera.
En la segunda etapa, las organizaciones políticas desde su inicio en 2019 y 2023 tomaron la decisión de hacer un escenario de participación política e impusieron a sus miembros y adherentes, como el caso de Rosa Chalá, Victoria Desintonio, Walter Gómez, etcétera.
Hay que recordar que 19 de esos miembros han sido destituidos en virtud de ese proceso complejo y permanente de meter la mano en la institución.
- ¿Y ese apadrinamiento político continuó en el último proceso electoral?
En el 2023, de manera absolutamente visible y descarada, siete candidatos de la Liga Azul actuaron de manera absolutamente ilegal en el proceso de campaña, auspiciados por el anticorreísmo.
Y también otros, como Andrés Fantoni o Roberto Gilbert Pérez Cordero, fueron auspiciados por los socialcristianos. Tanto es así que Roberto Gilbert fue asambleísta en el período 2024-2025, fue candidato socialcristiano a la Asamblea en el 2025 y perdió las elecciones.
Uno de los más graves problemas que ha existido es justamente la contaminación política al interior. Y otra, que sus miembros, han agachado la cabeza, y no han cumplido con escenarios básicos como hacer eficientemente procesos de selección como la Fiscalía General, el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo Nacional Electoral.
- ¿Sigue sosteniendo o defendiendo la institucionalidad de este Consejo, o cree que va a llegar el momento de convocar una reforma para eliminar sus competencias?
La Constitución determina con precisión en el artículo 208 que la responsabilidad primaria del Consejo de Participación Ciudadana es representar a los ciudadanos del país, lo cual no se ha hecho.
Debe girar alrededor de esta premisa fundamental para generar que la participación ciudadana sea una realidad tangible en las decisiones de Estado a nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional.
También impulsar la defensa para que, cuando se violen los derechos ciudadanos, exista una institución a la que podamos recurrir. Además de tener la capacidad de auditar, fiscalizar y dar seguimiento a esos famosos escenarios de rendición de cuentas que se han convertido en una verdadera burla nacional.
- ¿Por qué no ha prosperado la consulta para eliminar el organismo?
Algo que preocupa a muchos, es el nombramiento de altas autoridades, ya por dos ocasiones tanto en el gobierno de Lasso como con Daniel Noboa en noviembre de 2025 se hicieron preguntas referentes a la desaparición del CPCCS, y los ciudadanos dijimos "No".
En la pregunta que vinculaba la posibilidad de una constituyente para darle un giro completo a la estructura del Estado, con más del 61% se dijo "No". Por tanto, en este momento no creo que exista la posibilidad de ese escenario.
La Corte Constitucional ya autorizó una pregunta al presidente Noboa; sin embargo, él no la ha puesto de por medio todavía en virtud de que conoce que no se va a convertir en una respuesta sobre el contenido de la consulta, sino en un escenario para juzgar al presidente Noboa y su gobierno.
-¿Es eso o es que a los gobiernos también les termina gustando y se terminan acomodando al Consejo de Participación Ciudadana?
No, es al revés, el Consejo de Participación Ciudadana se acomoda a los poderosos intereses de otras funciones del Estado. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es apoderarnos de la responsabilidad que tenemos y convertirnos en actores, no en espectadores.
Tenemos una gran oportunidad el 29 de noviembre de este año para elegir a personas con la experiencia, el conocimiento, el carácter y la visión que garanticen al menos independencia y respetabilidad institucional.
-¿Y cómo afecta esta falta de independencia en el nombramiento de autoridades clave como la Fiscalía?
Como dijo Andrés Fantoni que es responsable directo de todo el descalabro institucional que tiene el CPCCS, debió haberse hecho en cuatro meses, para que entre febrero o marzo de 2025 se hubiese posesionado al Fiscal General del Estado en la Asamblea Nacional, antes de que el 4 de abril Diana Salazar cumpliera su mandato de seis años.
Habría sido una transición técnico-jurídica apropiada, no esperar a que se cumpla su mandato, ella renuncie para irse de embajadora a la Argentina y venga Wilson Toainga como subrogante.
Hoy tenemos un Fiscal General subrogante del subrogante, Carlos Alarcón, cumpliendo funciones que ya no deberían existir en virtud de los tiempos. Dos de sus vocales llevan cinco años prorrogados y los tres restantes, dos años prorrogados. Es inaceptable.
-¿Esto es incapacidad o cálculo político, doctor?
Es hasta cinismo. El señor Rosero hace un exhorto y habla de Diana Atamaint porque se reúnen para aceptar su renuncia, y entretelones, hablando a medias, determina sus responsabilidades e irregularidades en los últimos meses.
Se olvida de que él fue consejero desde el 2019 e incluso estuvo en el correísmo desde el 2013. Él debió en el 2020 impulsar la convocatoria para que el CNE renueve a sus vocales. Luego fue destituido el 23 de enero del 2023 y nunca debió regresar a cumplir funciones en la misma institución.
Ahora está ahí y no han movido un dedo para hacer lo que debían hacer: un proceso unificado para reemplazar a los cinco vocales principales y suplentes.
- ¿Y pese a esta parálisis institucional, las autoridades buscan mantenerse en el cargo?
Pero más aún más, los siete miembros del CPCCS que han actuado como principales han presentado su carpeta para ser candidatos a la reelección; es decir, no tienen sangre en la cara.
Los ciudadanos debemos analizar bien todo lo que ha pasado y, por lo menos en esos siete casos, no darles el voto para que no vuelvan a agachar la cabeza ni a impedir que la institución represente a la ciudadanía.
- A propósito del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo califica usted este largo paso por la institución de la señora Diana Atamaint?
Inaceptable, imperdonable. Ella acumuló un enorme poder, hizo compromisos políticos y manejó la estructura del Consejo Nacional Electoral políticamente, siendo un ente que la Constitución taxativamente dice que debe ser independiente. Jamás lo fue.
Todos sabemos cómo se estructuró, Estela Acero, correista, desde el inicio armó una mayoría con Enrique Pita, que tenía vínculo con Creo y el expresidente Lasso.
- ¿Cómo operó esa mayoría dentro del organismo electoral?
Se armó la mayoría de cuatro con Diana Atamaint, quien inicialmente representaba a Pachakutik, pero a la semana se desprendió totalmente para cumplir una agenda personal. Ella siempre pactó con los presidentes de turno Moreno, Lasso, Noboa y mantuvo una agenda muy específica de control.
Es por eso que cuando José Cabrera le pide a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría integral de los ocho años de presidencia de Atamaint, las cosas empiezan a mirarse con otra óptica.
Muchos ciudadanos y organizaciones denunciamos persistentemente sus acciones; desde 'Defiende tu Voto' se presentó una denuncia penal por falsificación y uso de documentos falsos ante las discrepancias evidentes entre las actas de escrutinio y el verdadero número de sufragantes.
- ¿Qué implicaciones deja la salida definitiva de Atamaint de la entidad?
El país se alegró cuando le dieron un golpe de Estado y destituyeron de la presidencia tres miembros de una nueva mayoría: José Cabrera, Estela Acero y Elena Nájera.
Ahora José Cabrera tiene la oportunidad de darle un giro a esa institución, por ejemplo, para que los 52.000 contratos temporales requeridos para el control electoral en las 24 provincias ya no se hagan a dedo ni se repartan entre sus coidearios, sino mediante un concurso de méritos.
De tal forma, ha sido una gran noticia que finalmente Diana Atamaint presente en dos líneas su renuncia a Andrés Fantoni y que haya sido aceptada por unanimidad.
-¿Cuál es su percepción sobre la suspensión de organizaciones políticas desde el Tribunal Contencioso Electoral?
Sobre el primer tema, creo que utilizar instituciones para impedir que tanto las organizaciones políticas como los ciudadanos participemos en eventos electorales es altamente riesgoso y va a provocar que se pase factura al país.
Los ciudadanos no están de acuerdo con que se manipulen las acciones o sentencias técnico-jurídicas para un direccionamiento político.
Por ejemplo, en el caso del alcalde de Machala, gran parte del país sabía que tenía graves denuncias desde hace uno o dos años; la pregunta es por qué no se actuó antes y se lo hace justo en medio de un proceso electoral.
- ¿Siente que esas trabas institucionales afectaron de manera directa su aspiración de asumir en el CPCCS?
Las acciones gubernamentales no tienen pies ni cabeza. A las 8 de la noche del día previo a mi principalización me pusieron un primer impedimento desde el Ministerio del Trabajo, y a las 10 de la noche pusieron otro para bloquearme.
Presenté un habeas data que debía tomar dos o tres semanas, pero le pusieron la soga al cuello a la jueza para que no se pronuncie por más de 120 días.
El objetivo de mi vida no es ir a sentarme en ese organismo, pero sí he tenido una trayectoria de lucha permanente por causas justas (Caso Vialbank, 30S, Defiende tu Voto, perseguidos políticos). No creo que el país deba permitir que la participación ciudadana se utilice como herramienta de manejo político. '
