La Federación de Transporte de Pichincha decidió este domingo 14 de septiembre suspender la paralización del servicio público anunciada para el lunes 15. Esto en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. La resolución se tomó tras una reunión con Pedro Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Allí se acordó instalar mesas de trabajo para socializar el mecanismo de compensación propuesto por el Gobierno.
El sábado, el presidente de la Federación, Carlos Brunis, había anunciado la suspensión del servicio de transporte público en toda la provincia a partir de las 00h00 del lunes. Aquello, como medida de protesta por la eliminación del subsidio al diésel, implementada el 13 de septiembre. Con esta decisión, el precio del galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares. El Ejecutivo estima ahorrar 1.100 millones de dólares anuales con esta medida.
Paralización del transporte ya no se dará este lunes 15
El Gobierno propuso compensaciones económicas de entre 400 y 700 mensuales por unidad de transporte intercantonal. 600 por unidad intraprovincial y hasta 1.000 dólares por vehículo interprovincial. Para este año, se destinarán 68,7 millones a estos incentivos, según el Ejecutivo. Las mesas de trabajo buscarán dialogar sobre estas compensaciones y los efectos del incremento del precio del combustible para los transportistas del país.
La eliminación de subsidios a combustibles es un tema sensible en Ecuador. Los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso enfrentaron fuertes protestas al intentar implementar medidas similares, lo que los obligó a retroceder. En 2024, el Gobierno eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, y ahora avanza con el diésel, generando tensiones con sectores como el transporte público.
Continuarán las negociaciones para buscar soluciones
La suspensión del paro en Pichincha evita una interrupción del servicio que habría afectado a miles de usuarios. Las autoridades y los transportistas continuarán las negociaciones para buscar soluciones que mitiguen el impacto económico del alza del diésel, mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria para la sostenibilidad fiscal del país.
El paro indefinido plantea un escenario de tensiones con el Ejecutivo, ya que el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la persona que impida, entorpezca o paralice la prestación de un servicio público puede enfrentar sanciones de uno a tres años de prisión.
Estas penas podrían aplicarse a los representantes de las cooperativas que decidan detener sus unidades en contra de lo dispuesto por la ley.
