Cada 22 de marzo el mundo conmemora el Día Mundial del Agua, instaurado por la ONU en 1992.

La fecha busca poner en el centro de atención global un recurso que, pese a cubrir más del 70% de la superficie del planeta, es aún limitado, desigualmente distribuido y cada vez más tensionado por el cambio climático y el crecimiento urbano.

Según la ONU, más de 2.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura. En América Latina, una de las regiones más ricas en recursos hídricos, la paradoja es evidente: abundancia natural y escasez en la vida cotidiana.

En Ecuador existen 4.690 juntas de agua potable y 2.766 de riego, que en conjunto superan las 7.400 organizaciones comunitarias. Estas estructuras sostienen el acceso al líquido en territorios donde el Estado no opera directamente los sistemas. Agrupan a 681.882 usuarios; es decir, su impacto alcanza a más de 3 millones de personas en todo el país, según el Ministerio de Ambiente y Energía.

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Las comunidades de las zonas rurales de Ecuador se organizan para proveer de agua potable a los ciudadanos, ante la ausencia de gestión de los GAD's municipales. - Allen Panchana/El Diario
 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que las brechas se concentran en zonas rurales, donde la infraestructura estatal es limitada y la gestión del agua recae, en gran medida, sobre las propias comunidades.Sector rural, el que más padece

 

En otras palabras, las agrupaciones rurales abastecen de agua a casi el 18% de la población (18 de cada 100 ecuatorianos). 

JUNTAS DE RIEGO Y AGUA EN ECUADOR

Dirección Zonal Oficinas  (ciudad y cobertura) JUNTAS DE RIEGO JUNTAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
1 Ibarra: 2 oficinas técnicas (Tulcán, Ibarra) 286 245
2 Esmeraldas: 10 oficinas técnicas (San Lorenzo, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinindé, San Miguel de los Bancos, Quito, Cayambe, Santo Domingo, Mejía) 271 493
3 Riobamba: 6 oficinas técnicas (La Maná, Alausí, Latacunga, Ambato, Riobamba, Pastaza) 894 1204
4 Portoviejo: 4 oficinas técnicas (Pedernales, Chone, Portoviejo, Jipijapa) 95 293
5 Guayaquil: 6 oficinas técnicas (Quevedo, Guaranda, Babahoyo, Naranjal, Guayaquil, Santa Elena) 266 725
6 Cuenca: 5 oficinas técnicas (Taisha, Morona, Azogues, Cuenca, Cañar) 342 447
7 Loja: 8 oficinas técnicas (Santa Isabel, Machala, Piñas, Zaruma, Puyango, Catamayo, Zapotillo, Macará) 598 1068
8 Tena: 2 oficinas técnicas (Orellana, Tena) 8 106
9 Lago Agrio: 1 oficina técnica (Lago Agrio) 0 (no existen juntas de riego debido a condiciones climáticas de alta pluviosidad) 64
10 Zamora: 4 oficinas técnicas (Gualaquiza, Zamora, Palanda, Loja) 6 45
TOTAL 2766 4690
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En Chimborazo, cientos de habitantes se reúnen para votar las mejoras para las juntas de agua de varias zonas rurales. - Allen Panchana/El Diario

'Forma de organización social'

Manabí no es la excepción. Aquí hay 293 juntas de agua potable y saneamiento, la mayoría en cantones como Chone, Jipijapa, Pedernales e incluso en la capital, Portoviejo, donde se registran 30, específicamente en sectores como Colón, Crucita, San Plácido, Chirijos o Alhajuela. Es decir, los GAD’s no logran gestionar el servicio para toda la población y esta, por tanto, debe organizarse para conseguir el líquido.

"En la ruralidad no es solamente un servicio, es una forma de organización social", reitera Wilma Loor, de la parroquia Riochico de Portoviejo, encargado de la junta de agua potable y saneamiento, en la que están registradas unas 500 familias.

Las agrupaciones comunitarias no solo distribuyen el recurso: administran conflictos, mantienen infraestructuras precarias, recaudan fondos y, en muchos casos, establecen reglas propias para garantizar el acceso equitativo, explica Javier Ponce, experto en desarrollo rural.

Manabí: juntas de agua potable y riego

CANTÓN J AGUA POTABLE JUNTAS DE RIEGO
24 de Mayo 12 1
Bolívar 11 0
Chone 37 1
El Carmen 7 4
Flavio Alfaro 9 0
Jama 12 0
Jaramijó 0 1
Jipijapa 30 5
Junín 16 4
Manta 0 0
Montecristi 10 5
Olmedo 2 1
Paján 6 2
Pedernales 28 1
Pichincha 10 1
Portoviejo 20 28
Puerto López 2 0
Rocafuerte 21 25
San Vicente 12 2
Santa Ana 19 3
Sucre 29 7
Tosagua 0 4
TOTAL 293 95
Fuente: Viceministerio del Agua

"Estamos avanzando en la formalización de miles de organizaciones comunitarias que operan en la práctica diaria, dotándolas de seguridad jurídica y herramientas para una gestión más eficiente", asegura el viceministro del Agua, Freddy Muñoz, en entrevista con El Diario.

La región enfrenta una presión creciente sobre sus recursos hídricos. El Banco Mundial ha advertido que, de no mejorar la gestión, países de Latinoamérica podrían experimentar una reducción significativa en la disponibilidad del líquido per cápita en las próximas décadas, agravada por eventos climáticos extremos.

En ese contexto, estas organizaciones se convierten en una pieza central del sistema. "El acceso al agua no puede depender de trabas administrativas ni interpretaciones discrecionales. Es un derecho que el Estado debe garantizar con reglas claras y sin exclusiones", reitera la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Sin embargo, en muchas comunidades ese derecho sigue dependiendo de la autogestión. En zonas rurales de la Sierra y la Costa, los sistemas funcionan gracias a mingas, aportes voluntarios y estructuras organizativas que combinan tradición y necesidad.

 En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas hay 58 juntas de agua potable y saneamientos y 5 juntas de riego.

Viceministerio del Agua

El Día Mundial del Agua expone esa dualidad: mientras en los centros urbanos el acceso suele darse por sentado, en amplias zonas rurales es el resultado de una negociación constante entre geografía, infraestructura y organización social.

Autorizaciones del MAE para uso del agua

EL MAE entregó, el pasado viernes 20 de marzo, 100 personerías jurídicas a juntas de agua y riego en Chimborazo. "La formalización no es un trámite menor: permite a estas organizaciones acceder a financiamiento, operar bajo un marco legal claro y reducir la discrecionalidad en la gestión del recurso", señala el viceministro del Agua, Freddy Muñoz.

Para ello, ha sido vital -explica- la reforma al Acuerdo Ministerial que regula los requisitos para la autorización de uso de agua a escala nacional. Esa actualización corrigió trámites complejos, exigencias desproporcionadas y reglas poco claras que dificultaban la regularización.

"La reforma busca facilitar el acceso al agua con reglas más justas, transparentes y acordes a la realidad rural", señala el viceministro. "Los cambios no introducen nuevos requisitos ni costos adicionales, sino que ordenan los existentes y reconocen la diversidad de formas organizativas, especialmente en comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias".

Para el MAE, en la práctica, esto implica aceptar mecanismos más flexibles para acreditar la posesión de tierras o la titularidad, como declaraciones juramentadas o documentos simplificados. Para quienes han gestionado el agua durante décadas sin respaldo legal, estos ajustes pueden significar el paso de la informalidad a la seguridad jurídica.