Diez años después del terremoto del 16 de abril de 2016, la reconstrucción de Manabí permanece marcada por cifras millonarias y un proceso judicial que redujo significativamente el número de responsables sancionados.
Tras la emergencia, el Estado ecuatoriano aprobó la Ley de Solidaridad y creó un fondo financiado mediante el aumento temporal del IVA del 12% al 14% y contribuciones salariales. Al menos por esa vía, se recaudaron más de USD 1.600 millones, de los cuales más de USD 1.500 millones fueron asignados a obras. Se llegó a recaudar USD 2.991 millones, sumados otros rubros, como donaciones, créditos o bonos.
Jorge Glas y Carlos Bernal ejecutaron los recursos
Para la justicia, dos personas fueron clave en la ejecución de estos recursos: El presidente del Comité de Reconstrucción, Jorge Glas (a su vez también vicepresidente de la República), y el Secretario Técnico del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal.
Tras informes de Contraloría, y una serie de pruebas esgrimidas por la Fiscalía, se formularon cargos por peculado contra nueve personas.
El caso se inició tras una denuncia realizada, en abril de 2019, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La acusación se centró en el uso de USD 225 millones destinados a proyectos que, según la Fiscalía, no respondían a la emergencia.
En el caso 17721-2023-00033, el Tribunal concluyó que los sentenciados "priorizaron obras que no beneficiaban a las víctimas del terremoto" y que se trató de un "uso indebido de recursos públicos destinados a la reconstrucción".
La Fiscalía sostuvo que "hubo abuso de los fondos recaudados mediante la Ley de Solidaridad", mientras que la defensa argumentó que no existía prueba de apropiación ni de perjuicio al Estado.
Entre los procesados estuvieron también Humberto Cholango, quien participó en decisiones sobre infraestructura hídrica; Patricio Rivera, vinculado a la asignación de recursos; María de los Ángeles Duarte, responsable de políticas habitacionales; Walter Solís, relacionado con proyectos viales; Boris Córdova, con funciones administrativas; así como Ángel Sánchez y Carlos Villacís, vinculados a la estructura operativa.
Durante el proceso, que tomó cerca de dos años hasta la sentencia, la causa se depuró: de los nueve procesados iniciales, cinco fueron llamados a juicio y finalmente dos recibieron condena el 30 de junio de 2025 por parte de un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Jorge Glas y Carlos Bernal fueron sentenciados a 13 años de cárcel por peculado.
En su defensa, Bernal sostuvo que las decisiones se enmarcaron en criterios técnicos y en una visión de desarrollo. Argumentó que la reconstrucción incluía reactivación económica, no solo atención inmediata.
La sentencia contra Jorge Glas, en cambio, concluye que existió injerencia en la priorización de proyectos y que se configuró peculado al destinar fondos a obras no urgentes para la emergencia. El fallo sostiene que se vulneró el propósito específico de los recursos.
Otros procesados tuvieron desenlaces distintos: algunos fueron sobreseídos en etapas intermedias y otros no llegaron a sentencia dentro de este caso, en medio de procesos paralelos o situaciones judiciales fuera del país.
Jorge Glas, detenido en la cárcel del Encuentro
Jorge Glas está detenido en la cárcel del Encuentro, mientras que Bernal vive en Estados Unidos desde 2018. Los exministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís están fuera del país, prófugos por otros procesos judiciales.
La reconstrucción posterior al terremoto de 2016 se materializó en una amplia cartera de obras concentradas principalmente en Manabí y, en menor medida, en Esmeraldas.
Entre las intervenciones más visibles están los programas de vivienda en ciudades como Pedernales, Manta y Portoviejo, la rehabilitación y construcción de infraestructura vial, así como proyectos de servicios básicos (sistemas de agua potable), hospitales y equipamiento público. También se ejecutaron obras orientadas a la reactivación económica, como infraestructura portuaria y pesquera, además de intervenciones urbanas en zonas céntricas afectadas.
Pero una parte de este conjunto presenta cuestionamientos o quedó inconclusa. Proyectos como sistemas de agua como el de Jama-Pedernales y obras en muelles y espacios públicos registraron retrasos, problemas de ejecución o no fueron terminados. Estas intervenciones, junto con otras ubicadas fuera de las zonas más impactadas por el sismo, motivaron las observaciones técnicas y la base de la acusación fiscal, al plantear que no todas atendían a necesidades urgentes de la emergencia.
Los 9 procesados en caso Reconstrucción
| Nombre | Rol | Estatus legal |
|---|---|---|
| Jorge Glas | Vicepresidente / Presidente del Comité de Reconstrucción | Condenado (13 años). Detenido. |
| Carlos Bernal | Secretario Técnico del Comité de Reconstrucción | Condenado (13 años). Prófugo. |
| Humberto Cholango | Secretario del Agua | Sobreseído |
| Patricio Rivera | Ministro de Finanzas | Sobreseído |
| María de los Ángeles Duarte | Ministra de Vivienda | Sin sentencia en este caso / fuera del país |
| Walter Solís | Ministro de Obras Públicas | Sin sentencia en este caso / fuera del país |
| Boris Córdova | Secretario del Comité de Reconstrucción | Sobreseído |
| Ángel Sánchez | Funcionario | Sobreseído |
| Carlos Villacís | Funcionario | Sobreseído |
Cronología del Caso Reconstrucción de Manabí
| Fecha | Acontecimiento / Desglose |
|---|---|
| 26 de abril de 2016 | Se crea, mediante Decreto Ejecutivo 1004, el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, encargado de planificar y ejecutar las obras de reconstrucción en las zonas afectadas. |
| 20 de mayo de 2016 | Se expide la Ley Orgánica de Solidaridad, que establece contribuciones económicas obligatorias para financiar la reconstrucción (incluyendo aumento temporal del IVA y aportes de ciudadanos y empresas). |
| 22 de mayo de 2017 | Autoridades del Comité priorizan 584 proyectos sin sustento técnico suficiente, lo que posteriormente será considerado uno de los indicios de irregularidades. |
| 25 de abril de 2019 | El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presenta una denuncia ante la Fiscalía por presunto abuso de fondos públicos destinados a la reconstrucción. |
| 9 de mayo de 2019 | La Contraloría General del Estado emite un informe con indicios de responsabilidad penal en contratos financiados con recursos de la Ley de Solidaridad. |
| 10 de febrero de 2020 | Se presenta una nueva denuncia por presunta delincuencia organizada, vinculada a la priorización irregular de proyectos dentro del proceso de reconstrucción. |
| 30 de mayo de 2023 | La Fiscalía decide unificar los expedientes para consolidar la investigación sobre el presunto uso indebido de fondos públicos. |
| 1 de junio de 2023 | La Fiscalía solicita fecha para la formulación de cargos por peculado contra exfuncionarios del Comité de Reconstrucción. |
| 5 de enero de 2024 | Se formulan cargos por peculado contra varios exfuncionarios, incluyendo exautoridades del Comité. Se dictan medidas como prisión preventiva, congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar bienes. |
| 21 de febrero de 2024 | La Corte Nacional de Justicia rechaza apelaciones contra la prisión preventiva de los principales procesados. |
| 12 de abril de 2024 | La Fiscalía vincula a seis personas más al caso, ampliando el número de procesados por presunto peculado. |
| Junio de 2025 | El caso entra en fase de juzgamiento contra exautoridades, incluyendo al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de desviar recursos hacia proyectos no prioritarios. |
| 30 de junio de 2025 | Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dicta sentencia de 13 años de prisión por peculado contra Jorge Glas y Carlos Bernal, considerados coautores del delito. |
