Diez años después del terremoto que devastó a Manabí y parte de Esmeraldas, ¿cuánto dinero queda? La pregunta, que parece simple y técnica, resulta compleja de responder.
Desde febrero de 2026, El Diario ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un reporte de la ejecución presupuestaria de los fondos para la reconstrucción que ingresaron desde 2016 y el saldo actual de la cuenta.
La respuesta del MEF, el pasado 8 de abril, fue: "Mediante Decreto Ejecutivo No. 216, del 17 de noviembre de 2025, se reestructuró el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas, transfiriéndose la presidencia del Comité al Ministerio de Infraestructura y Transporte. Esta instancia es la que coordina los recursos de la Ley de Solidaridad (y otros). Por tal motivo, las preguntas deben dirigirse al Comité directamente".
El 9 de abril de 2026, se hizo la misma solicitud al Ministerio de Infraestructura. Y hasta el cierre de esta nota no hubo contestación.
¿A dónde fueron los recursos del terremoto?
En el Presupuesto General del Estado de 2026, que consta en la web del MEF (página 54), hay una pista del remanente: "Se incluyen saldos de ingresos por un monto de USD 50 millones que corresponden a los generados por aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad". Para 2025, en ese mismo rubro, los valores eran por USD 95,18.
Sin embargo, ¿qué pasó con los demás recursos? En total, se contabilizan USD 2.647,75 millones de 20 fuentes de financiamiento (ver gráfico). De ese total, USD 2431,11 millones han sido ejecutados hasta 2024, según el MEF.
Solo en los últimos siete meses de 2016 se ejecutó casi la mitad de los ingresos para la reconstrucción (48,79%). Y al año siguiente, el 23,16%. En decir, en 19 meses se usaron las tres cuartas partes de los recursos, casi todos durante los estertores del último gobierno del presidente Rafael Correa y su vicepresidente, Jorge Glas, a su vez, titular del Comité de Reconstrucción.
En el Presupuesto para 2024 se asignaron USD 104 millones para obras relacionadas con la reconstrucción en el Plan Anual de Inversiones, aseguró el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí. Lo dijo el 1 de marzo de ese año en una comparecencia ante la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional.
Pero en el Presupuesto del Estado solo había para 2024 un total de 11 obras con asignaciones por USD 57,9 millones (ver gráficos), de acuerdo con informes del entonces Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). "Hay poca transparencia sobre el destino de esos recursos de la Ley de Solidaridad y el valor real disponible. Hasta diciembre de 2021, había un saldo en esa cuenta, pero era solo registro contable. El dinero ya se ha acabado", dijo el exministro Obras Públicas, Darío Herrera, quien estuvo en funciones desde julio de 2022 hasta mayo de 2023.
Hasta 2023, en su gestión, se presupuestaron USD 61,7 millones para 13 obras relacionadas con la reconstrucción, "pero todo era con dinero de préstamos, no de la Ley de Solidaridad. Como hubo muchos cambios de autoridades, nadie sabe cuál es el saldo real que queda. Si me pregunta a mí, yo creo que no hay ni un centavo".
Dinero del terremoto se usó para otros fines
Los recursos de la Ley de Solidaridad se ha usado para otros fines en la última década, como en operaciones de manejo de liquidez y así cubrir otros gastos.
En 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, el entonces ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dispuso de USD 300 millones para pagar cuentas atrasadas a gobiernos locales y proveedores del Estado, pese que el uso específico de esos dineros era la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.
De la Torre justificó que "se usó ese dinero para cubrir la liquidez del Estado, porque no se pueden tener recursos ociosos ni inmovilizados".
En 2023, el Ministerio de Finanzas, durante el régimen de Guillermo Lasso, también tomó USD 113 millones de esa cuenta, reconoció el exviceministro de Finanzas, Daniel Lemus. Y añadió que el saldo total era de USD 140 millones en ese año.
Un comité agonizante
Diez años después del terremoto, el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva continúa vigente, aunque con señales de agotamiento institucional. Su estructura fue reformada por el Ejecutivo en noviembre de 2025.
El cambio principal fue administrativo: pasó a ser presidido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Se mantuvo la participación de ministerios clave (Secretaría de Administración Pública, MEF, Producción y Comercio Exterior, Agricultura, Ganadería y Pesca), así como los prefectos de Manabí y Esmeraldas y representantes municipales.
A diez años del desastre, la continuidad del Comité es vista como un rezago institucional. Pese a ello, el Decreto Ejecutivo 216 ratificó sus funciones: supervisar la planificación, ejecución y reprogramación de proyectos vinculados a la reconstrucción. También mantuvo la posibilidad de convocar a actores productivos y sociales, aunque sin poder de decisión.
En la práctica, el Comité sobrevive con una estructura vigente, aunque con menor peso operativo.
