El Informe Anual 2025 de Fundamedios, titulado "Arquitectura de la violencia oficial: agresiones, estigmatización y censura en 2025", revela un escenario crítico para el ejercicio periodístico en Ecuador. Según el análisis presentado en Manavisión Plus por César Ricaurte, director de la organización, el país atravesó un año marcado por el incremento de agresiones a la prensa y por el retorno del Estado como actor central en la vulneración de derechos.
Durante 2025 se documentaron 230 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todo el territorio nacional, dijo Ricaurte. De ese total, 114 fueron atribuidas a agentes estatales, lo que evidencia un uso sistemático del poder público para restringir el trabajo periodístico, el acceso a la información y la libertad de expresión. Esta tendencia contrasta con años anteriores, cuando la mayor parte de ataques provenía de actores criminales o privados.
El informe sostiene que las agresiones a la prensa no se produjeron de manera aislada, sino como parte de un andamiaje institucional que combina prácticas legales, administrativas y discursivas. Este patrón, denominado arquitectura de la violencia oficial, tiene consecuencias directas sobre la democracia y el derecho ciudadano a informarse de manera libre y plural.
Estado y fuerza pública como principales agresores
Uno de los momentos más críticos del año se registró durante las manifestaciones sociales de octubre de 2025, cuando se reportaron 55 agresiones a la prensa en un corto período. Aunque las protestas se concentraron en varias provincias de la Sierra, la violencia contra periodistas se extendió tanto desde manifestantes como desde la fuerza pública, consolidando al Estado como un agresor recurrente.
Entre los tipos de agresiones documentadas se identificaron 59 ataques físicos contra periodistas, la categoría más numerosa del registro anual. A estos se sumaron 41 casos de restricciones al acceso a la información pública, que incluyeron impedimentos de cobertura, prohibiciones para grabar en espacios públicos y obstáculos para obtener datos oficiales.
Ricaurte explicó que estas prácticas vulneran principios básicos del Estado de derecho, ya que las instituciones públicas deben garantizar condiciones de seguridad para el periodismo, no convertirse en un factor de riesgo. La reiteración de agresiones a la prensa desde instancias estatales genera un clima de temor y autocensura que afecta directamente la labor informativa, sostuvo en la entrevista.
Asesinatos, censura y cierre de medios
El año 2025 también estuvo marcado por cinco asesinatos de periodistas, una cifra considerada extremadamente alta para un país como Ecuador. Este dato representa un aumento respecto a 2024 y confirma un escenario de mayor letalidad contra el periodismo, especialmente en zonas afectadas por el crimen organizado y la violencia generalizada.
Además de los asesinatos, el informe registró 31 ataques en el espacio digital, 23 amenazas directas contra periodistas y 21 agresiones verbales. Estas acciones buscan desacreditar, intimidar o silenciar voces críticas, ampliando el impacto de las agresiones a la prensa más allá del ámbito físico, sostuvo Ricaurte.
El documento también contabiliza siete procesos judiciales iniciados contra periodistas y medios, seis casos de censura directa y seis episodios de discurso estigmatizante desde el poder. A esto se suman ocho casos de uso abusivo del poder estatal, como el cierre temporal de radios, muchas de ellas comunitarias, y la paralización del concurso de frecuencias, indicó el titular de Fundamedios.
Explicó que en Ecuador sí existen zonas de silencio donde el ejercicio periodístico se ha vuelto extremadamente riesgoso o prácticamente imposible. Señaló que estas áreas coinciden con territorios afectados por altos niveles de violencia y presencia de grupos criminales, lo que expone a los comunicadores a amenazas constantes.
Esta situación ha provocado que periodistas eviten cubrir ciertos temas o territorios, y que otros se vean forzados a desplazarse internamente o salir del país. Ricaurte advirtió que la persistencia de estas zonas sombrías debilita el derecho a la información y refleja la crisis general de seguridad que atraviesa el país.
Impacto en la democracia y el espacio cívico
Otro aspecto relevante del informe es la identificación de ocho violaciones a la libertad de asociación, que afectaron a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de derechos y a la protección de periodistas. Este debilitamiento del tejido organizativo profundiza la crisis democrática y reduce los mecanismos de control ciudadano, aseguró.
Las agresiones a la prensa en el entorno digital merecen una atención especial, dijo. Fundamedios documentó campañas coordinadas de hostigamiento, uso de redes sociales para desprestigiar periodistas y filtración de datos personales. Estas prácticas generan un efecto inhibidor sobre el debate público y fomentan la autocensura, limitando la participación ciudadana en espacios digitales.
Ricaurte advirtió que la suma de violencia física, censura administrativa, vigilancia y estigmatización configura un cierre progresivo del espacio cívico en Ecuador. La falta de respuestas efectivas por parte de los mecanismos estatales de protección agrava la vulnerabilidad del periodismo y deja en evidencia una inacción preocupante, manifestó.
Recomendaciones y alertas para 2026
El Informe Anual 2025 plantea una serie de recomendaciones dirigidas al Estado y a la sociedad. Entre ellas destaca la necesidad de activar y financiar mecanismos reales de protección para periodistas, con enfoque territorial y protocolos claros de reacción inmediata ante agresiones a la prensa.
También se subraya la urgencia de establecer una política de cero tolerancia a la estigmatización desde el discurso oficial y de garantizar el acceso a la información como una obligación institucional, no como una concesión discrecional. La investigación y sanción de los responsables de ataques contra periodistas es otro eje clave para romper el incentivo a la violencia.
Finalmente, Fundamedios hace un llamado a autoridades, medios, organizaciones sociales y a la comunidad internacional para analizar este informe como una alerta temprana. El documento advierte que, sin cambios estructurales, las agresiones a la prensa podrían mantenerse o incrementarse, afectando de manera directa la calidad democrática y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Acceda al informe completo a continuación:
