La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este 24 de julio de 2026 el informe que recomienda archivar el juicio político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía de Ecuador. La resolución se tomó durante una sesión realizada en Guayaquil y contó con seis votos a favor y cuatro en contra.
El legislador Luigi García (ADN) presentó la moción para acoger el informe elaborado por la comisión. Tras la aprobación, el expediente continuará su trámite y llegará al Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá resolver sobre la recomendación emitida.
El proceso político contra Inés Manzano surgió por una solicitud presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, integrantes de la bancada Revolución Ciudadana (RC), quienes plantearon un presunto incumplimiento de funciones.
Inés Manzano: Comisión de Fiscalización explica por qué recomienda cerrar el proceso
Los legisladores que impulsaron el juicio político señalaron que Inés Manzano no ejecutó los controles necesarios antes, durante ni después de los hechos investigados para evitar un supuesto perjuicio económico al Estado superior a USD 70 millones.
Además, los proponentes sostuvieron que la exministra habría incurrido en una posible omisión relacionada con presuntos actos de corrupción dentro de la empresa pública Celec EP, vinculados con el contrato firmado con la compañía Austral Technical Management (ATM).
Luego de las etapas de prueba de cargo y descargo, así como de las comparecencias realizadas durante el proceso, la Comisión de Fiscalización emitió un informe con seis conclusiones y recomendó al Pleno archivar el pedido de enjuiciamiento político.
El documento establece que no se comprobó la existencia de un nexo causal entre las funciones de la exfuncionaria y los hechos señalados en la acusación. También indica que no se configuró la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución y el segundo inciso del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según el informe, existe una falta de mérito e insuficiencia probatoria que impide identificar una responsabilidad política atribuible a Inés Manzano.
Las seis conclusiones del informe sobre el juicio político
La primera conclusión señala que los asambleístas proponentes no demostraron un nexo causal directo entre las competencias legales de la exministra y las actuaciones precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso relacionadas con el contrato emergente CELEC-EP-EGU-ESMERALDAS-002.
El documento sostiene que esas actuaciones corresponden a la personería jurídica, autonomía y competencias del gerente general de Celec EP y de sus unidades de negocio, conforme a la normativa aplicable.
La segunda conclusión apunta a que la solicitud de juicio político sustentó el supuesto incumplimiento de funciones en principios constitucionales generales. Sin embargo, el informe señala que la responsabilidad política de los ministros depende de obligaciones específicas establecidas en la ley.
También sostiene que la acusación confundió las funciones de rectoría de política pública con la administración operativa de las empresas públicas.
La tercera conclusión está relacionada con el momento en que se procesó el desembolso del contrato con ATM. La comisión determinó que el pago del 60 % del contrato se ejecutó a las 16:39 del 9 de octubre de 2024.
Según el informe, este proceso ocurrió antes de que el encargo ministerial de Inés Manzano constara registrado en el sistema Minka, donde aparece a las 18:42 del mismo día.
Además, la comisión indicó que se desvirtuó una supuesta omisión en la fiscalización debido a la presentación de denuncias penales por delincuencia organizada y la reconvención arbitral por USD 131 millones impulsada por la administración.
La cuarta conclusión establece que la prueba de cargo presentó limitaciones debido a que los testigos anunciados no comparecieron durante el proceso. Por ello, la comisión consideró inexistentes esos elementos probatorios.
Asimismo, señaló que las declaraciones testimoniales y el material informativo presentado no tenían características periciales suficientes para demostrar una infracción.
La quinta conclusión analiza las acusaciones sobre una supuesta interferencia al control político. El informe señala que no existieron pruebas periciales ni respaldo normativo que demuestren una acción de la exministra para impedir la fiscalización parlamentaria.
Finalmente, la sexta conclusión establece que no se comprobó el incumplimiento de funciones constitucionales o legales atribuido a Inés María Manzano Díaz. Por ello, el informe considera que el expediente no cuenta con elementos suficientes para continuar con el proceso político.
Luigi García defendió el informe aprobado por la comisión
Durante la sesión, el legislador Luigi García (ADN) sustentó la moción para acoger el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
El asambleísta afirmó que no existe una relación entre las funciones legales asignadas a la entonces ministra Inés Manzano y los hechos denunciados dentro del proceso.
Además, sostuvo que la exfuncionaria no tuvo participación en las etapas precontractual y contractual del procedimiento cuestionado, tampoco en el desembolso de recursos públicos relacionados con el contrato.
Revolución Ciudadana cuestiona la recomendación de archivo
La asambleísta Ana Herrera señaló que los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC) no participaron en la elaboración del informe, aunque presentaron observaciones durante la sustanciación del expediente.
La legisladora indicó que su bloque considera que el juicio político no debe cerrarse, debido a que, según su criterio, durante el proceso se incorporaron pruebas que demostrarían responsabilidad de la exfuncionaria.
Herrera relacionó sus cuestionamientos con el contrato firmado entre Celec EP y Austral Technical Management (ATM), uno de los puntos centrales de la acusación presentada contra Inés Manzano.
