La asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) y presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Alarcón, explicó este jueves, durante una entrevista concedida a Manavisión Plus, los principales alcances de la nueva Ley de Extradición, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 7 de julio con 139 votos.
La legisladora sostuvo que la normativa busca agilizar los procedimientos y fortalecer la cooperación judicial internacional frente al crimen organizado.
Durante la entrevista, Inés Alarcón recordó que la ley aprobada desarrolla la enmienda constitucional respaldada por la ciudadanía en la consulta popular de abril de 2024, que permitió la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países.
Señaló que la legislación vigente databa del año 2000 y que, tras los cambios constitucionales, era necesario establecer un procedimiento actualizado.
La presidenta de la Mesa de Seguridad indicó que uno de los objetivos de la reforma es reducir los tiempos de tramitación. Explicó que la nueva normativa fija plazos de entre 30 y 45 días, incorpora etapas definidas para el proceso y elimina trámites que, según dijo, prolongaban durante años la resolución de solicitudes de extradición.
Nuevas reglas para la extradición
Alarcón explicó que la Ley de Extradición diferencia la extradición activa, cuando Ecuador solicita la entrega de una persona requerida por la justicia nacional, y la extradición pasiva, cuando otro Estado solicita la entrega de un ciudadano que se encuentra en territorio ecuatoriano.
Añadió que la Corte Nacional de Justicia tendrá un papel central dentro del procedimiento y contará con unidades de apoyo técnico-jurídico para fortalecer la cooperación internacional.
La legisladora también precisó que la norma mantiene la prohibición de extraditar a personas por delitos políticos y conserva las garantías relacionadas con el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos.
Consultada sobre la aplicación práctica de la Ley de Extradición, señaló que los plazos establecidos buscan evitar interpretaciones discrecionales y dotar de mayor seguridad jurídica al procedimiento. Agregó que, una vez publicada en el Registro Oficial, la normativa será de cumplimiento obligatorio para las instituciones involucradas.
Otras reformas en análisis
En la entrevista, Inés Alarcón también se refirió al tratamiento de la Ley Antimafias, iniciativa que actualmente analiza la mesa legislativa y que busca combatir las estructuras financieras y logísticas del crimen organizado, incluyendo mecanismos para enfrentar el lavado de activos y otras actividades vinculadas a organizaciones delictivas.
Alarcón afirmó que la Comisión ha recibido criterios de la Fiscalía General del Estado, operadores de justicia, especialistas internacionales y representantes de la sociedad civil para la construcción del proyecto.
Finalmente, explicó que el proyecto de Ley de Extradición ya fue remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir si presenta observaciones o dispone su publicación en el Registro Oficial. De no existir objeciones, la normativa entrará en vigencia como Ley de la República, con un nuevo marco jurídico para los procesos de extradición en Ecuador.
