La muerte del comunero Efraín Fueres, aparentemente por un disparo de la fuerza pública, la agresión a un manifestante por parte de un militar y la retención de 17 soldados durante una protesta en Cotacachi, Imbabura, han intensificado las críticas hacia las fuerzas de seguridad del Estado. Estos incidentes, ocurridos en el marco del paro nacional, han generado un debate sobre la aplicación del uso progresivo de la fuerza y las acusaciones de represión excesiva.
El Gobierno Nacional, por su parte, denuncia que los manifestantes actúan con violencia y que detrás de las protestas del paro nacional podrían estar grupos ligados al crimen organizado. El conflicto en Cotacachi se desencadenó durante una movilización que, según fuentes locales, buscaba expresar descontento por factores estructurales como la minería ilegal y el narcotráfico.
La situación escaló cuando se reportó la muerte de Fueres, lo que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Además, un manifestante fue agredido físicamente por un militar, y 17 soldados fueron retenidos por los protestantes, un hecho que el Gobierno califica como un delito grave. Estos eventos han reavivado la controversia sobre los protocolos de actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en manifestaciones.
Reformas al uso de la fuerza
Desde 2022, Ecuador ha implementado cambios normativos para regular el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. En agosto de ese año, se promulgó la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. En ella se establece principios como legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. Sin embargo, esta normativa autoriza el uso de armas letales solo ante amenazas inminentes de muerte o lesiones graves. Priorizando técnicas no letales, como la verbalización y el uso de gas lacrimógeno, en disturbios.
En junio de 2023, el Reglamento de la Ley detalló los procedimientos operativos, incluyendo la obligatoriedad de informes postintervención y el respeto a los derechos humanos. Más recientemente, en agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 371, que actualizó los manuales operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas para adaptarlos a amenazas como el crimen organizado y el terrorismo, según información oficial. Estos manuales establecen que la fuerza letal solo es justificable ante agresiones armadas o riesgos graves, mientras que los superiores son responsables por órdenes ilegales.
Críticas y perspectivas
El excoronel Mario Carillo, en entrevista con Ecuavisa.com, explicó que el uso progresivo de la fuerza se ajusta al tipo de protesta. En casos de disturbios con artefactos como bombas molotov, las fuerzas del orden pueden emplear medios no letales. En este caso gas lacrimógeno, para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, Carillo advirtió que la retención de militares, como ocurrió en Cotacachi, constituye un delito grave, como secuestro o tentativa de homicidio, lo que justificaría una respuesta penal más severa.
Por otro lado, la experta en crimen organizado y derechos humanos Michelle Maffei señaló que la militarización de las protestas agrava los conflictos. Según Maffei, los militares carecen de la formación adecuada para manejar manifestaciones sociales, lo que puede derivar en respuestas desproporcionadas.
La experta destacó que la muerte de Efraín Fueres ha intensificado la violencia, como lo demuestra el reciente ataque a un convoy gubernamental. Este evento dejó varios vehículos dañados. Maffei también vinculó las protestas a problemas estructurales, como la minería ilegal y el narcotráfico, que generan aproximadamente 1.1 billones de dólares anuales en Ecuador, según sus estimaciones.
Contexto y recomendaciones internacionales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recomendado que la fuerza sea el último recurso en protestas, priorizando la capacitación continua de las fuerzas de seguridad y la atención médica inmediata a los heridos. En Ecuador, el presidente puede declarar un estado de excepción en provincias con alteraciones graves del orden público. Esto permite restringir derechos temporalmente y aumentar el despliegue policial y militar, siempre bajo la supervisión de la Corte Constitucional.
Los antecedentes de abusos durante el paro nacional del 2019 y 2022 han generado desconfianza hacia las fuerzas del orden. La amnistía otorgada en 2022 a manifestantes detenidos, según Carillo, fue un error que debilitó la aplicación de la ley. Por su parte, los organizadores de las protestas responsabilizan al Gobierno por la muerte de Fueres. Ellos exigen una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía. Así como reparaciones integrales para los familiares de las víctimas.
