La justicia ecuatoriana atraviesa uno de sus momentos más críticos. Entre juicios políticos que parecen perder fuerza en la Asamblea y operativos judiciales que sacuden a las administraciones municipales, e incluso un presidente del Consejo de la Judicatura en medio de un juicio político. El abogado constitucionalista Salim Zaidán, ofreció una mirada crítica sobre el control del poder y la urgencia de una reforma constitucional en una entrevista de Manavisión Plus.
-Abogado, quisiera comenzar con el tema Mario Godoy. ¿Cuál es su opinión en cuanto al desarrollo del proceso del juicio político y los argumentos que se han escuchado de parte y parte en este tramo final de la presentación de los elementos probatorios?
Yo considero que la acusación que se ha formulado desde la Asamblea, desde el bloque legislativo de la Revolución Ciudadana (RC), no cuenta con tanto sustento, lamentablemente. Teniendo tantas acciones y tantas omisiones que atribuir a Mario Godoy por incumplimiento de funciones, creo que escogieron las más débiles. Entonces, la acusación constitucional me parece a mí que no es tan sólida como podría ser.
¿Y por qué digo esto? Porque la interferencia en procesos judiciales tenía que ser mejor documentada. Se centra o se enfoca solamente en dos casos puntuales: el caso de Nubia Vera, que ustedes recordarán concedió una acción de protección a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad, y el caso Euro 2024, en el que está involucrado este señor Cerdán. Entonces, definitivamente creo yo que la acusación podría estar mejor respaldada.
-¿Qué otros elementos considera que se omitieron en esta acusación?
Por ejemplo, me habría gustado que se mencione el incumplimiento de funciones en cuanto a la falta de evaluación de jueces y la falta de nombramiento de jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia. Imagínense que la Corte Nacional está llena de conjueces que están actuando como jueces; está llena de jueces de las Cortes Provinciales actuando en la Nacional. Se ha dilatado tanto el proceso de selección que ahí tenían una clara causal.
Otro caso: va a ser un año en que no se han nombrado jueces constitucionales de instancia. El presidente Noboa propuso en consulta una justicia especializada en materia constitucional para evitar abusos, y sin embargo vamos ya casi un año sin esos nombramientos. Ahí tenían mejores causales.
- En ese caso, abogado, ¿cómo cree que debería proceder la Asamblea? El Foro por la Democracia recomienda la censura. ¿Cuál es su opinión personal sobre cómo debería actuar el Legislativo en este tramo final?
En el Foro por la Democracia estamos abogados de distintas corrientes y pensamientos ideológicos. Somos un grupo que por convicción exigimos que se respete la independencia judicial y que se dejen estas maniobras tan penosas como las que protagonizaron los vocales del Consejo de la Judicatura. Repudiamos, por ejemplo, lo que se hizo hace un par de días cuando se alegó un supuesto impedimento de Alexandra Villacís. Qué coincidencia. Justo cuando está por presentarse el informe de la Comisión de Fiscalización encuentran una supuesta deuda con el SRI de la señora Villacís, vocal suplente de Mario Godoy, para decir que estaría impedida.
Lo que están visualizando es que puede venir la renuncia de Godoy o su censura, aunque no creo mucho en el escenario de la destitución porque va a ser muy difícil lograr los 92 votos de la mayoría calificada. Ante la presión mediática y de gremios académicos, creo que pueden provocar su renuncia, pero no se entiende por qué la dilata tanto. Llevamos 54 días en esta crisis y este señor sigue aferrado al cargo, acentuando la falta de confianza en la justicia.
-Sobre la Asamblea, Henry Cucalón mencionaba que hay un "oficialismo mudo" y una "oposición desacreditada". ¿Coincide con esa lectura sobre la posible censura?
Estoy totalmente de acuerdo con Henry Cucalón; él es uno de los firmantes del comunicado del Foro por la Democracia. Coincido porque creo que la oposición ha sido muy tibia y poco solvente al formular las acusaciones. Al punto que ahora alegan que "no hay pruebas". Le permitieron inclusive ingresar con el abogado Stalin Raza, cuando en otros casos, como el de Pablo Celi, no se permitió la intervención de abogados. Han hecho de este juicio político todo un show, con tantos testigos como si fuera un proceso penal, cuando en otros casos censuran de manera "express" a quien les resulta incómodo, como pasó con el consejero Albán. Aquí, en cambio, se ponen muy rigurosos. El oficialismo está blindando al señor Godoy y hay un guion que están siguiendo los asambleístas de ADN para prolongar su permanencia.
-Hemos hablado mucho del Consejo de la Judicatura y sus actos de corrupción. ¿Qué debe pasar con este ente que se creó para ordenar la justicia?
Muy buena pregunta. Yo diría que debe desaparecer. El Consejo de la Judicatura, como está diseñado en la Constitución de Montecristi, no le ha respondido al país. Es un organismo que ha interferido en la actividad jurisdiccional y ha menoscabado la independencia judicial interna de los jueces.
Deberíamos replicar lo que hacen los colombianos o los españoles: tener buenas escuelas de la función judicial que aseguren una selección y evaluación objetiva, e impidan que exista una disputa por controlar el Consejo para controlar a ciertos jueces. Solo ha servido para interferir, no para modernizar ni depurar. Esto produce una crisis de confianza tal que hasta en las facultades de Derecho se registra una disminución de matriculados; los jóvenes ya no quieren estudiar porque ven la profesión desprestigiada por estos malos elementos.
-¿Y quién sería el encargado de establecer ese control si desaparece la Judicatura?
Es necesario pensar en una reforma constitucional para transferir las competencias a una Escuela de la Función Judicial. No tiene sentido que el Presidente de la República o la Asamblea manden ternas. ¿Qué tienen que hacer ellos enviando nombres para conformar el Consejo de la Judicatura? Lo que se necesita es que el Ejecutivo y el Legislativo mantengan una prudente distancia para asegurar la tripartición del poder. Lo que presenciamos es una disputa entre dos fuerzas políticas dominantes que quieren cooptar la justicia para implementar su agenda propia. Cuando la justicia está tomada por grupos políticos o el crimen organizado, la inversión extranjera se ahuyenta.
-Cambiando de tema, el caso de Aquiles Alvarez ha generado debate por el uso del grillete electrónico. ¿Cuál es la figura jurídica aquí? ¿Se lo puede retirar para bañarse o dormir?
Primero, el propio entorno gubernamental admite que tienen errores para monitorear los grilletes porque son de mala calidad. Es una vergüenza que el propio abogado salga a decir que el dispositivo se retiraba "33 veces" para labores de higiene. Definitivamente se desconoce cómo debe respetarse esta medida cautelar, que es la alternativa a la prisión preventiva. Si no se cumple, obviamente se dicta la prisión; era previsible lo que iba a suceder.
-¿Ve usted motivaciones políticas tras los allanamientos al alcalde de Guayaquil?
Me parece mucha coincidencia que vengan cambios en la Judicatura, que Damián Larco asuma la presidencia sin ser abogado, y a la par venga la extradición de Cortázar y la detención de Aquiles Alvarez. Son coincidencias muy sospechosas. Alvarez no tenía malos números de aprobación y es normal que se sospeche de una retaliación política para sacar del camino a un adversario.
Lo que sí repudio es la forma de estos allanamientos; un "grotesco espectáculo". ¿Había necesidad de exhibir a la esposa del señor Alvarez? Ella alega que la apuntaron en la cabeza frente a sus niños.
No hay razón para grabar y filtrar estos operativos en redes sociales afectando al círculo familiar. Es repudiable, nadie tiene por qué ser expuesto de esa manera.
SALIM ZAIDÁN, ABOGADO CONSTITUCIONALISTA
-El alcalde solicitó licencia de 14 días antes del allanamiento. ¿Qué sucede ahora con la administración de Guayaquil?
La vicealcaldesa ha asumido el cargo y creo que será quien complete el periodo. Veo una intención clara de que el señor Alvarez pierda su cargo; van a acelerar el proceso penal para que exista una sentencia ejecutoriada que lo inhabilite. Creo que la estrategia gubernamental es controlar los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) para asegurarse aliados de cara a las próximas elecciones. Hay una agenda política antes que una agenda de país, y eso lo sigo repudiando porque se gobierna para proyectos partidistas y no para la gente.
