La canciller Gabriela Sommerfeld aclaró que Ecuador mantiene conversaciones con Estados Unidos para un programa limitado de acogida de refugiados. Recalcó que no se trata de un convenio similar al firmado con El Salvador.
“Estados Unidos ha solicitado a Ecuador tener un convenio de tercer país”, declaró la funcionaria en entrevista con Ecuavisa, donde explicó los alcances de la negociación bilateral.
Ecuador: programa limitado de acogida
La canciller detalló que el acuerdo migratorio no incluye a personas privadas de libertad. “En el caso de Ecuador, va a ser un programa limitado que responde únicamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no tengan antecedentes de delincuencia y que cumplan con ciertas características, como buen estado de salud, entre otras”, explicó Sommerfeld.
Añadió que se proyecta que Ecuador reciba hasta 300 refugiados por año, aunque recalcó que la solicitud de Estados Unidos “aún está en análisis y en fase de negociación”.
En el mismo espacio, Sommerfeld reveló que esperan dialogar con el secretario de Estado, Marco Rubio, acerca de la instalación de una base de cooperación. El encuentro busca ampliar la agenda bilateral más allá del tema migratorio para fortalecer la relación con Ecuador.
Contexto internacional de los acuerdos migratorios
En días recientes, la cadena estadounidense CBS News informó que el gobierno de Estados Unidos habría solicitado a Ecuador aceptar migrantes deportados desde su territorio que no son ciudadanos ecuatorianos. La información se conoció gracias a documentos internos obtenidos por el medio.
El reportaje de CBS News indica que al menos una docena de gobiernos ya aceptó o negocia convenios similares. Uganda, por ejemplo, recibe deportados africanos sin antecedentes penales. Honduras, en cambio, aceptó migrantes de países latinoamericanos de habla hispana, incluidas familias con niños.
El medio añadió que funcionarios estadounidenses también mantienen conversaciones con España y otros gobiernos. Estos acuerdos se amparan en la figura de “tercer país seguro” dentro de la legislación migratoria estadounidense, mecanismo respaldado por la Corte Suprema de Estados Unidos para facilitar deportaciones con procesos abreviados.