El fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, negó este miércoles 22 de julio de 2026 cualquier persecución política en las investigaciones contra el movimiento Amigo, el alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez y el caso Progen.
Alarcón aseguró que la Fiscalía actuó de inmediato tras recibir una denuncia por presunto lavado de activos contra el movimiento Amigo a través del sistema 1-800 Delito. El caso fue remitido a la Unidad Antilavado de Activos y comunicado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que decidió la suspensión de la organización.
Denuncia contra movimiento Amigo
El fiscal explicó que informó al TCE conforme al Código de la Democracia, organismo que determinó la suspensión por nueve meses. Carlos Alarcón descartó que el momento de la notificación, previo al cierre de alianzas electorales para los comicios seccionales del 29 de noviembre, responda a motivaciones políticas.
" Aquí no hay ninguna persecución política. Estoy actuando conforme a la norma. Si no actuara cuando existe una denuncia, estaría incurriendo en una omisión"
Carlos Alarcón, Fiscal General (e), en entrevista con Radio Sucesos.
Investigaciones sobre casos
Respecto a los tres procesos que enfrenta el alcalde Aquiles Alvarez —Triple A, Grillete y Goleada—, Carlos Alarcón rechazó nuevamente cualquier persecución política. "Yo no soy delincuente. Delincuente es quien tiene sentencia ejecutoriada y debe cumplir una pena", señaló.
Sobre el caso Progen, el fiscal indicó que no acepta presiones y prepara una respuesta a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que solicitó procesar a la exministra de Energía Inés Manzano y al ministro Roberto Luque. Alarcón enfatizó que sus decisiones se basan en criterios técnicos y jurídicos.
Independencia frente al Gobierno
El fiscal general encargado aseguró que no responde a intereses del Gobierno y que no ha mantenido conversaciones con el presidente Daniel Noboa. "No soy instrumento de este Gobierno ni de una persona. Con el presidente Daniel Noboa no he hablado", afirmó.
Carlos Alarcón, quien participa en el concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para ser ratificado en el cargo, restó importancia a las críticas de una misión internacional que recomendó suspender el proceso. "Todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos derechos", indicó.
Carlos Alarcón reveló que él, su familia y colaboradores han recibido amenazas de muerte. "Nos estamos jugando la vida aquí en este puesto", aseveró, al defender su labor en la lucha contra la corrupción.
