El Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió este miércoles 22 de julio de 2026 a la asambleísta Ana María Raffo, de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), por nueve días sin remuneración tras determinar que cometió una falta administrativa grave.

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La sanción se originó por una expresión verbal ofensiva, directa e individualizada contra la asambleísta Janina Rizzo. El CAL aplicó el numeral 1 del artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el numeral 1 del artículo 5 del Reglamento para el Trámite de las Faltas Administrativas.

Falta grave acreditada por el CAL

El organismo concluyó que Ana María Raffo profirió la expresión ofensiva en las circunstancias analizadas durante el procedimiento. Como consecuencia, se le impuso la suspensión mínima prevista en la normativa, que implica la pérdida de funciones y remuneración por nueve días.

Ana María Raffo rechazó la decisión y señaló que existieron graves vulneraciones al debido proceso. Argumentó que la sanción responde a su defensa del derecho de los agricultores a ser escuchados y de la soberanía alimentaria.

Declaraciones de Raffo tras la resolución

La asambleísta afirmó que "la soberanía alimentaria y el respeto al campo no se negocian" y que "la justicia selectiva y la persecución política no durarán para siempre". Raffo vinculó la medida a su posición política dentro de la bancada correísta.

En el actual período legislativo, el CAL ha impuesto otras suspensiones. En febrero de 2026 sancionó al asambleísta Roberto Cuero con 30 días sin remuneración por expresiones ofensivas contra el legislador Sergio Peña, en un contexto relacionado con las Fuerzas Armadas.

En julio de 2025, el CAL también suspendió los derechos parlamentarios del entonces asambleísta Santiago Díaz, quien fue denunciado y sentenciado por violación a una menor de edad.

Rol del Consejo de Administración Legislativa

El CAL, como máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional, califica proyectos de ley, planifica el trabajo legislativo, administra el presupuesto y tramita juicios políticos, solicitudes de amnistía y quejas contra asambleístas. Su resolución contra Raffo se enmarca en estas atribuciones.

La suspensión de Ana María Raffo entra en vigencia tras la notificación oficial y representa una de las medidas disciplinarias aplicadas por el CAL en el actual período. La legisladora mantiene su calidad de asambleísta fuera del período de suspensión.