El caso Encuentro, que ya había marcado un antes y un después en la política ecuatoriana, vuelve a tomar fuerza, esta vez desde el terreno financiero.
La Superintendencia de Bancos y el gobierno de Daniel Noboa han puesto su atención en movimientos económicos que podrían abrir nuevas líneas de investigación.
En el centro de este nuevo capítulo aparece el Banco de Guayaquil, señalado como una de las entidades a las que se ha solicitado información clave.
El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien además dirige la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), confirmó que se prepara un análisis de inteligencia financiera que incluye la revisión de cuentas, expedientes de clientes, alertas y reportes de operaciones sospechosas entre 2021 y 2024.
Según Neira, varias de las personas involucradas en el caso no solo mantenían cuentas en esa institución, sino que también formaban parte del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, lo que refuerza la hipótesis de una red con conexiones políticas y económicas.
Aunque no se han revelado nombres, el mensaje es el seguimiento del dinero podría abrir un nuevo expediente judicial, independiente del proceso original, cuya fase investigativa concluyó hace dos años.
Guillermo Lasso es el principal accionista y exejecutivo del Banco Guayaquil, mientras que su hijo, Guillermo Lasso Alcívar, se desempeña actualmente como el Presidente Ejecutivo (CEO) de la institución.
Respuesta y tensión política
La reactivación del caso no ha pasado desapercibida en el ámbito político. Guillermo Lasso respondió públicamente a través de sus redes sociales, rechazando lo que calificó como campañas de ataques, mentiras y desinformación en su contra.
En su pronunciamiento, el exmandatario aseguró que fue él mismo quien solicitó la extradición de Hernán Luque Lecaro y que ha sido coherente en exigir que enfrente a la justicia ecuatoriana.
Sin embargo, su mensaje fue más allá de la defensa personal y apuntó directamente a quienes, según él, buscan construir narrativas falsas para afectar su reputación.
La tensión crece en un contexto donde las investigaciones financieras podrían salpicar nuevamente a figuras cercanas a su administración
. Mientras tanto, desde el actual gobierno se cuestiona que durante ese período no se hayan implementado sistemas tecnológicos más robustos para combatir el lavado de activos, una crítica que refuerza la idea de posibles omisiones en el control institucional.
Así, el caso Encuentro deja de ser solo un proceso judicial y se convierte otra vez en un campo de disputa política.
La pieza que falta
En medio de este escenario, la figura de Hernán Luque Lecaro se mantiene como una pieza clave aún ausente. Exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) entre 2021 y 2022, Luque es uno de los ocho procesados por presunta delincuencia organizada dentro del caso.
Su detención en Argentina, en febrero de 2024, dio inicio a un proceso de extradición que se extendió por más de dos años. El 30 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia de ese país aprobó finalmente su envío a Ecuador, aunque la decisión final depende del presidente Javier Milei.
Su llegada es esperada no solo por la Fiscalía, sino también por las entidades que ahora analizan el flujo de dinero vinculado a la red investigada.
El caso se originó tras la filtración de audios en los que se hablaba de una estructura capaz de influir en contratos del sector eléctrico y en instituciones públicas como CNEL, BanEcuador y Aduanas.
En esas grabaciones se mencionaban pagos, designaciones y hasta posibles cuentas en el extranjero. La Fiscalía sostiene que esta red, liderada por el sentenciado a 10 años de prisión, Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, y el fallecido Rubén Cherres, operaba mediante la colocación de funcionarios estratégicos para asegurar beneficios económicos. En ese engranaje, Luque habría tenido un rol determinante.
Aunque el proceso judicial principal ya no admite nuevos implicados, las actuales investigaciones financieras podrían abrir caminos paralelos. La revisión de operaciones sospechosas, sumada a la información que podría aportar Luque, mantiene en vilo a un entorno político que parecía haber dejado atrás el escándalo. (10).
