El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que los ecuatorianos acudirán a las urnas el 16 de noviembre de 2025. Ese día los votantes responderán dos preguntas de referéndum y una de consulta popular. Estas están vinculadas con la Asamblea Constituyente, las bases militares y los partidos políticos.
La Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen el 24 de septiembre que habilita la consulta. Con ello el presidente logró incorporar correcciones en su propuesta y viabilizar la opción de decidir sobre una Asamblea Constituyente.
Preguntas del referéndum
El referéndum ya estaba en marcha antes de esta decisión. Incluye dos preguntas que generan amplio debate sobre el papel del Ejército ecuatoriano y los recursos públicos para organizaciones políticas.
Las preguntas textuales del referéndum son:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
Consulta popular sobre Asamblea Constituyente
Además, se preguntará directamente a los ciudadanos sobre la instalación de una Asamblea Constituyente. Esta iniciativa busca definir un nuevo marco legal para el Ecuador.
La pregunta de la consulta popular es:
¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?
Este proceso electoral se perfila como uno de los más relevantes de los últimos años. Las respuestas tendrán impacto directo en la política nacional. Además, afectarán la gobernabilidad del país.
CNE recibió el dictamen de la Corte Constitucional
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene luz verde para organizar la consulta popular que definirá la instalación de una Asamblea Constituyente en Ecuador. Este miércoles, 24 de septiembre, el organismo electoral recibió el dictamen favorable de la Corte Constitucional, un paso decisivo. Esto se logró después de que el Presidente Daniel Noboa y su equipo de gobierno trabajaran durante la madrugada para subsanar las observaciones que el máximo órgano de control constitucional había emitido apenas un día antes.
La Corte, en su análisis del martes, había señalado la necesidad de realizar correcciones al estatuto adjunto a la convocatoria para garantizar los principios de claridad y lealtad hacia el elector. En una rápida respuesta, el Ejecutivo ajustó el documento, permitiendo que la Corte validara la constitucionalidad de la propuesta y diera paso al proceso electoral que ahora queda en manos del CNE, protagonista de este crucial momento.
Los ajustes que viabilizaron la consulta
La Corte Constitucional constató que la Presidencia de la República corrigió de manera satisfactoria los considerandos de la convocatoria. Se realizaron ajustes en los artículos 4 y 5 del Estatuto. Estos norman la elección e instalación de los asambleístas. Además, se incluyó un nuevo artículo, el 19, cumpliendo así con los requisitos exigidos por la Constitución. Esto permitió que el proceso avance con el CNE en el papel central.
Estas modificaciones fueron fundamentales para que la propuesta superara el filtro de control constitucional. La celeridad del Ejecutivo para presentar los cambios fue un factor clave. Esto evitó dilatar el cronograma que busca llevar a los ecuatorianos a las urnas para decidir sobre una nueva carta magna.
El rol de el CNE y las garantías para el elector
Con el dictamen en sus manos, el CNE asume ahora la responsabilidad de organizar el proceso electoral. Sin embargo, la Corte Constitucional estableció una disposición adicional para asegurar la máxima transparencia. El máximo tribunal ordenó que el CNE incluya en la papeleta de votación no solo la pregunta. También debe incluir el texto completo del Estatuto Constituyente y la tabla de distribución de asambleístas. Esto deja claro el papel del CNE en la facilitación de un proceso transparente.
Esta medida tiene como objetivo que los votantes conozcan de antemano y de manera íntegra las reglas del juego. Así sabrán cómo se elegirá a los representantes, cuál será la configuración final de la Asamblea Constituyente por provincias y circunscripciones especiales, y cuáles serán los plazos y mecanismos de su funcionamiento. Esta garantía de información permite que el voto se desarrolle de manera informada y consciente. Ahora, el CNE deberá iniciar la planificación logística y técnica para cumplir con esta disposición. Esto permitirá llevar a cabo una de las consultas populares más trascendentales de la historia reciente del país, reforzando así su rol en el avance del CNE hacia el objetivo.
