La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibió, en Ecuador, aportes técnicos de representantes comerciales y gastronómicos, durante el tratamiento del Proyecto de Ley de Regulación Equitativa del Consumo y Actividades Económicas en Procesos Electorales, para evaluar una reducción del período de ley seca vigente en jornadas electorales.
Informe para primer debate
La mesa legislativa avanzó en el análisis previo al informe para primer debate, además, convocó a voceros del comercio formal, la gastronomía y los tenderos del país. Asimismo, los comparecientes detallaron impactos económicos derivados de la ley seca en procesos electorales, por ello, expresaron respaldo a una reforma que mantenga el orden democrático sin paralizar actividades productivas.
Guido Varela, presidente de la Red de Tenderos del Ecuador, sostuvo que la regulación actual afecta al comercio formal y fomenta la informalidad. Además, indicó que existen más de 120 mil tiendas de barrio, las cuales concentran cerca del 70 % de las ventas de consumo masivo y generan alrededor de 1,2 millones de empleos directos e indirectos.
Según explicó, la restricción prolongada no elimina la demanda de bebidas alcohólicas. Por el contrario, la desplaza a mercados clandestinos, además, promueve contrabando y evasión tributaria, lo cual reduce el flujo de clientes y la venta cruzada que sostiene a estos negocios, mientras impacta la seguridad alimentaria.
Impacto económico y mercado formal
En consecuencia, Varela señaló que una reducción proporcional de la ley seca permitiría proteger los procesos electorales, además, disminuiría el mercado ilegal y fortalecería la formalidad. Así, el Estado mejoraría la recaudación y la seguridad sin afectar la participación democrática.
A su vez, Roberto Andrade, delegado de la Cámara de Comercio de Guayaquil, calificó la iniciativa como positiva. Indicó que una ley seca de 72 horas genera pérdidas estimadas entre 12 y 15 millones por proceso electoral, dentro de un sector que moviliza cerca de 1.500 millones anuales. Asimismo, Andrade afirmó que la restricción no reduce el consumo. Por ello, lo traslada a la informalidad, afecta el empleo y reduce ingresos fiscales, mientras una reducción permitiría control efectivo, optimizar recursos públicos y sostener la recaudación.
Gastronomía, turismo y empleo
Desde el sector gastronómico, Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas, respaldó la reforma. Además, señaló que las disposiciones actuales del Código de la Democracia resultan desproporcionadas y han generado más de 150 millones en pérdidas en 13 procesos electorales durante cinco años. Según sus datos, restaurantes, hoteles y turismo registran caídas de hasta 40 % en ventas y cancelaciones hoteleras de hasta 60 %. Por ello, una reforma permitiría alineación regional, dinamización económica y protección del empleo.
Afectación territorial
Finalmente, Carlos Andrade, presidente de la Asociación de Restaurantes de Cuenca, expuso el impacto local. Indicó que el turismo genera 1.400 millones anuales a nivel nacional, además, Cuenca aporta el 13 %, con una gastronomía que representa el 62 % de esa actividad.
Precisó que existen 967 establecimientos formales de alimentos y bebidas en la ciudad, que generan aproximadamente 7.800 empleos directos. Asimismo, reportó caídas promedio del 15 % en ventas y pérdidas entre 1,7 y 2 millones por proceso electoral en Cuenca y Azuay, por lo cual la reforma mitigaría impactos económicos y fortalecería la competitividad.
