Dos ciudadanos acusados de cometer delitos contra la propiedad fueron sometidos a procesos de justicia indígena durante la madrugada de este sábado 23 de mayo de 2026 en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua.
Los comuneros de las localidades afectadas activaron sus asambleas ancestrales para aplicar sanciones comunitarias de purificación y reparación económica, basándose en los derechos colectivos reconocidos por la Constitución de la República, ante el registro de recurrentes incidentes delictivos en las zonas rurales del callejón interandino.
Dos casos de justicia indígena en la Sierra
El primer incidente ocurrió en el barrio Santa Rosa de Pichul, ubicado en el sector occidente de Latacunga, donde aproximadamente 150 moradores se organizaron para retener a una mujer de 40 años, identificada de manera formal como Andrea B.
La ciudadana fue señalada por la comunidad como la presunta responsable de haber sustraído USD 2 500 en efectivo del domicilio de una residente local, utilizando escopolamina para neutralizar a la víctima antes de ejecutar el robo de los valores.
Durante el desarrollo de la audiencia comunitaria, que se extendió hasta altas horas de la madrugada, la sospechosa admitió su participación en el acto delictivo y reveló que actuó en complicidad con una mujer de la tercera edad, quien logró evadir el cerco de los moradores y escapar del sitio.
Comuneros interceptaron a hombre en pleno robo
Tras la deliberación del consejo vecinal, se resolvió aplicar una sanción que consistió en obligar a la implicada a caminar por las calles céntricas del barrio cargando un costal de piedras sobre la espalda. El proceso concluyó con la devolución íntegra del dinero robado y la entrega de la procesada a la Policía Nacional.
De manera simultánea, un procedimiento similar se registró en la parroquia rural de Quisapincha, perteneciente al cantón Ambato, en la vecina provincia de Tungurahua. En esta localidad, los comuneros interceptaron a un hombre en pleno acto delictivo mientras intentaba sustraer pertenencias del sector.
Conforme a las tradiciones de la justicia indígena, el sospechoso fue sometido a un ritual de purificación física y espiritual dentro de una acequia de la comunidad, donde un grupo de mujeres indígenas procedió a ortigarlo antes de coordinar su retiro de la jurisdicción comunitaria.
