El proceso judicial relacionado con el retiro del grillete electrónico que portaba el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dio un nuevo paso este jueves 25 de junio de 2026.

La Unidad Judicial de Samborondón reinstaló la audiencia preparatoria de juicio dentro de la causa impulsada por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La diligencia comenzó con la revisión de la competencia de la jueza Karen Alarcón Macías, quien actualmente está encargada del despacho de la jueza Andrea Ordóñez Riera. Este punto fue planteado antes de continuar con el tratamiento de los elementos procesales que forman parte del expediente.

Cuestionamientos a la jueza

Durante las semanas previas, la defensa del alcalde presentó una recusación contra Alarcón y además interpuso una denuncia por presunto prevaricato. Los abogados sostuvieron que existiría una controversia penal entre una de las partes involucradas y la magistrada que conoce la causa.

Sin embargo, el pasado 22 de junio, la jueza rechazó la solicitud al considerar que los argumentos presentados no se ajustaban a las disposiciones legales previstas para apartar a un juzgador de un proceso. La resolución indicó además que el presunto prevaricato señalado no constituye una causal de excusa establecida en la normativa vigente.

Audiencia fue diferida días atrás

La audiencia preparatoria de juicio había sido convocada inicialmente para el 22 de junio. No obstante, no pudo instalarse debido a un pedido formulado por la defensa de Alvarez, que alegó no haber recibido toda la documentación necesaria para preparar adecuadamente su estrategia jurídica.

Tras esa suspensión, la diligencia fue reprogramada para este 25 de junio. Con la reinstalación de la audiencia, las partes continúan con una etapa clave del proceso, en la que se revisan los elementos recopilados durante la investigación y se debate si el caso debe avanzar a juicio.

Antecedentes de la investigación

La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación contra el alcalde de Guayaquil por el presunto incumplimiento de una decisión emitida por autoridad competente.

El caso está relacionado con el retiro del dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto como medida cautelar dentro del denominado caso Triple A.