La asambleísta Nathaly Farinango, de Pichincha, presentó un proyecto de reforma legal educativa a la LOEI, en Ecuador, para brindar seguridad jurídica educativa a profesionales DECE y usuarios del sistema.
Alcance y fundamentos constitucionales
La iniciativa busca ordenar el marco normativo que rige la educación. Además, propone claridad para todos los actores del sistema. Según la proponente, la reforma legal educativa responde a vacíos existentes. También apunta a cumplir obligaciones constitucionales. En consecuencia, se alinean los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, se refuerza el carácter de interés público del derecho a la educación. Por otra parte, se prioriza el enfoque centrado en el ser humano.
El proyecto prevé la incorporación de un Título Séptimo en la LOEI. Además, este título incluye dos capítulos específicos. El primero define derechos y obligaciones del Departamento de Consejería Estudiantil. El segundo regula a los profesionales DECE. De este modo, se establece un marco operativo claro. También se fijan responsabilidades institucionales. Por lo tanto, se fortalece la seguridad jurídica educativa dentro del sistema.
Contexto del cambio de régimen laboral
La propuesta responde a un antecedente reciente. En efecto, el 30 de julio de 2025, los profesionales DECE cambiaron de régimen laboral. Pasaron de la LOSEP a la LOEI. Sin embargo, no se dictaron normas específicas. Por ello, surgieron vacíos sobre desempeño y obligaciones. En consecuencia, la reforma legal educativa busca cubrir ese espacio normativo. Además, ofrece reglas claras para la gestión diaria.
La inclusión de articulados permitirá definir derechos laborales. También establecerá deberes funcionales. Asimismo, se precisan garantías para estudiantes y familias. De igual forma, se promueve coherencia institucional. Por tanto, la seguridad jurídica educativa se consolida con reglas previsibles. Además, se mejora la protección de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, se refuerza el desarrollo integral y el ejercicio de derechos.
Impacto esperado en el sistema educativo
La propuesta apunta a mejorar la gestión escolar. Además, busca reducir conflictos interpretativos. También facilita la toma de decisiones. Por otra parte, promueve transparencia administrativa. De este modo, la reforma legal educativa favorece la confianza de la comunidad. Asimismo, fortalece la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.
El proyecto fue presentado ante la Asamblea. Ahora, seguirá el trámite legislativo correspondiente. Además, se espera análisis en comisiones. Posteriormente, habrá debates. En consecuencia, el texto podrá recibir observaciones. Finalmente, se definirá su aprobación. Durante el proceso, la seguridad jurídica educativa seguirá como eje central.
