Los alcaldes de Esmeraldas, Guayaquil, y Jipijapa, investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos graves, continúan en sus cargos mediante el uso de licencias temporales, alianzas políticas y recursos electorales. Los funcionarios judiciales y analistas cuestionan la aplicación de la figura de la subrogación en los gobiernos autónomos descentralizados del país.
En Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez afronta indagaciones de las autoridades judiciales por los casos denominados "Goleada" y "Triple A", relacionados con supuesta delincuencia organizada y defraudación. A pesar de que el funcionario no está ejerciendo activamente sus funciones de manera presencial, el Concejo Cantonal, donde cuenta con una mayoría afín, rechazó formalmente su destitución.
Alcaldes se encuentran en diferentes cárceles
De este modo, Álvarez sortea de momento los pedidos de remoción presentados en su contra. Por su parte, en Esmeraldas, el alcalde Vicko Villacís cumple una orden de prisión preventiva debido a una investigación por supuesto lavado de activos; no obstante, conserva su puesto gracias al otorgamiento de una licencia temporal dentro del municipio local.
En Manabí, la situación de la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, mantiene un escenario similar. Plúa continúa al frente de la municipalidad debido a un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el cual determinó que un proceso previo de destitución en su contra estuvo viciado legalmente.
Aunque la autoridad local fue detenida recientemente por un presunto caso de corrupción, y su remoción se encuentra nuevamente en debate dentro del cabildo, permanece formalmente en sus funciones institucionales. Frente a esta coyuntura, expertos constitucionalistas advierten sobre las implicaciones legales del uso prolongado de estos recursos.
Concejales guayaquileños podrían sufrir graves sanciones
El especialista José Chalco señaló en unan entrevista a Ecuavisa que los plazos otorgados por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y el TCE no garantizan una licencia indefinida para el caso de Guayaquil. Chalco advierte que los concejales guayaquileños podrían exponerse a graves sanciones jurídicas por mantener esta postura.
Por otro lado, el constitucionalista Gonzalo Muñoz explica que las autoridades locales se amparan en un vacío legal existente en el artículo 333 del COOTAD. Dicha norma establece como causal de remoción una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que permite a las mayorías legislativas locales ampliar los plazos de ausencia y licencias temporales de los procesados.
Según Muñoz, resulta imperativo reformar el COOTAD para delimitar con claridad la resolución de las ausencias temporales o definitivas de las máximas autoridades cantonales en territorio ecuatoriano.
