Luego de una extensa audiencia que se prolongó por más de 24 horas, el juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva para diez personas procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada, entre ellas la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa.
La diligencia judicial inició la noche del jueves 25 de junio y culminó cerca de la medianoche del viernes 26, luego de varios recesos. En la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos de convicción, mientras que las defensas de los procesados presentaron sus argumentos ante el juez.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía sostuvo que existían suficientes elementos para presumir la existencia de una organización estructurada dedicada a actividades ilícitas relacionadas con trámites vehiculares. Por su parte, las defensas rechazaron los señalamientos y expusieron argumentos orientados a desvirtuar la teoría del caso presentada por el ente acusador.
"Una vez analizados los elementos de convicción y los arraigos se ha podido verificar que se cumplen con los requisitos del art. 534 del COIP por lo que se dicta auto de prisión preventiva", señala el documento del proceso.
Estos son los diez procesados
Como parte de esta investigación, la madrugada del jueves fueron detenidas 13 personas, entre ellos diez funcionarios y tres tramitadores, pero la Fiscalía solicitó prisión preventiva para diez personas.
Esta es la lista:
- Ángela Esperanza P. S. (alcaldesa)
- José Rafael F. C. (coordinador de matriculación)
- Raúl Ernesto A. (gerente de la corporación de servicios municipales)
- Jorge Alberto P. G. (jefe de matriculación y rtv)
- Marco Alfredo M. P. (director de movilidad)
- Roberto Carlos M. V. (tramitador)
- Joan Antonio A. T. (tramitador)
- María Monserrat P. B. (ex digitadora servicios municipales)
- María Fernanda L. P. (ex digitadora de servicorp)
- Andy Steeven P. M. (digitador)
Investigación de la Fiscalía
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, los ahora procesados serían parte de una presunta estructura que habría operado de manera irregular en la emisión de documentos relacionados con la revisión técnica vehicular en la provincia de Manabí.
Según la versión oficial, la presunta red habría emitido documentación sin que, en ciertos casos, se cumplieran los procedimientos técnicos y administrativos establecidos por la normativa vigente. La investigación busca determinar el alcance de las supuestas irregularidades, así como la participación individual de cada uno de los implicados.
El caso salió a la luz tras un operativo ejecutado por la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía Nacional, en el que se realizaron allanamientos y detenciones simultáneas. Entre las personas aprehendidas figura la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, cuya vinculación al caso forma parte del proceso investigativo en curso.
Esquematización de investigación
Las investigaciones sostienen que la presunta organización cobraba entre USD 100 y USD 150 para facilitar trámites relacionados con revisiones técnicas vehiculares, emisión de licencias, matrículas, traspasos y otros procesos, sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
La Fiscalía también investiga el movimiento de recursos económicos presuntamente obtenidos mediante esta modalidad. Según la investigación, el dinero obtenido ilícitamente era distribuido dentro de una estructura conformada por funcionarios y operadores externos que presuntamente coordinaban la recaudación y posterior reparto de los fondos entre distintos niveles.
El Ministro del Interior, Jhon Reimberg, informó que las indagaciones comenzaron en agosto de 2025, luego de una denuncia presentada a través de la línea 1800 DELITO.
Dentro del proceso investigativo que realiza la Fiscalía también se revisó el movimiento financiara de Plúa y se evidenciaron inconsistencia. Según el ministerio, la alcaldesa registra una actividad comercial por "consulta y tratamiento por médicos generales y especialidades" con un ingreso en su cuenta bancaria por USD 4.1 millones de dólares.
Sin embargo, en el SRI justificó USD 600 mil por ingreso empleador SRI y USD 921 mil por ingreso clientes. "Dando como resultado USD 2.6 millones restantes sin justificación", señaló el ministerio.
