El Gobierno Nacional prevé recaudar al menos $545 millones anuales con la implementación del proyecto de ley de transparencia social, anteriormente denominado como iniciativa para el control de flujos irregulares de capitales. Así lo informó Andrea Sánchez, secretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el martes 6 de agosto de 2025.
La iniciativa constituye la cuarta enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. La sesión, presidida por la legisladora oficialista Valentina Centeno (ADN), se realizó para continuar el tratamiento de la propuesta que apunta a fortalecer los mecanismos de control financiero sobre organizaciones de la sociedad civil y fundaciones.
Ingresos permanentes y ajustes operativos en entes de control
Sánchez precisó que el cálculo de ingresos proviene de un informe técnico del Servicio de Rentas Internas (SRI), que proyecta una recaudación permanente derivada de la nueva normativa. Afirmó que ya se están realizando ajustes operativos y presupuestarios para implementar la ley. Todo esto en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
“Se está ajustando la escala salarial en la Superintendencia para cubrir todos los gastos”, detalló, al tiempo que indicó que se podrán contratar 20 inspectores. En cuanto a la UAFE, sostuvo que los gastos de control ya están previstos en su planificación institucional.
El subsecretario de Política Fiscal del sector público no financiero, Sebastián Londoño, reforzó esta previsión al confirmar que los ingresos estimados por cambios legales en el régimen tributario rondan los $545 millones, en línea con los datos del SRI.
Reportes de operaciones sospechosas crecen en el sistema financiero
Durante la misma sesión, Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, presentó cifras relevantes sobre la actividad del sistema financiero en relación con operaciones inusuales. En 2024, se generaron 5.408 reportes de operaciones sospechosas. Lo que equivale a un promedio de 15 alertas diarias, además de 316 reportes de información adicional.
En el primer semestre de 2025, se han registrado 3.396 reportes de operaciones sospechosas y 146 reportes adicionales. Rodríguez destacó que en Ecuador “no existe investigación por lavado de activos, narcotráfico o corrupción que no haya iniciado con un reporte bancario”. También reiteró la necesidad de mejorar el acceso a información por parte de las instituciones financieras.
Empresarios advierten sobre ambigüedad en definiciones y competencias
Emilio Gallardo, representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, expresó preocupaciones sobre la redacción del proyecto de ley. Señaló que la propuesta del Ejecutivo carece de definiciones claras sobre conceptos como organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Lo que podría generar confusión en su aplicación.
Asimismo, cuestionó la posibilidad de que la ley extienda las competencias de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a entidades que no están registradas formalmente ante ese ente. En su criterio, se requiere mayor precisión para evitar duplicidad de funciones entre los organismos de control.
Informe para primer debate se aprobará el 13 de agosto
La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, anunció que el informe para primer debate del proyecto de ley de transparencia social se someterá a votación el miércoles 13 de agosto. Esta fase será clave para definir el alcance de una normativa. La misma que podría convertirse en una de las principales fuentes de recaudación tributaria en los próximos años. Con énfasis en control financiero y transparencia institucional.
